El pasado lunes 10 diciembre se celebró el 59 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, la cual recoge aquellos derechos humanos que son considerados fundamentales. Historiando un poco, hay que recordar que en 1946 la ONU creó una Comisión para elaborar instrumentos para la defensa de los derechos humanos. Dicha comisión a su vez creó un comité de ocho miembros (entre ellos, la entonces Primera Dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt) para redactar un proyecto de Declaración que se sometió a votación de la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, y fue aprobado por 48 votos a favor, ocho abstenciones y ningún voto en contra.
La Declaración consta de un preámbulo y 30 artículos que reflejan derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Su corazón es el artículo 1, que dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Los artículos 3 al 27 enuncian los derechos propiamente dichos que, siguiendo la clasificación del francés René Bassin, Premio Nobel de la Paz 1968, se dividen en derechos personales; derechos del individuo con relación a la comunidad; derechos y libertades políticas y derechos económicos, sociales y culturales.
Esta Declaración sirvió de fundamento para la creación de las dos principales convenciones internacionales de la ONU, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos tratados fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, pero el primero entró en vigencia hasta el 23 de marzo de 1976. El segundo tratado reconoce derechos de segunda generación (conforme a la clasificación de tres generaciones de derechos humanos propuesta por el checo-francés Karel Vasak en 1979: 1ª generación, derechos civiles y políticos; 2ª generación, derechos económicos y culturales; y 3ª generación, derechos tecnológicos y científicos).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluye el derecho a la vida y limitaciones a la pena de muerte, prohibición de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de prisión por deudas, el derecho a la libertad y la seguridad, el principio de legalidad penal e irretroactividad de las normas, el derecho a la vida privada y de familia, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, el derecho de asociación, etc. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce, entre otros, el derecho a trabajar, a elegir libremente el empleo, a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a la seguridad social, a la salud, a la mejora continua de las condiciones de existencia, a la educación, etc.
La Declaración Universal de Derechos Humanos se volvió vinculante, a través de los Pactos de Nueva York, para todos los Estados signatarios. Nicaragua es uno de ellos. Eso significa que los Estados están obligados a tomar las medidas necesarias para que estos derechos sean una realidad en sus respectivos territorios. Sin embargo, para que esto ocurra, se requiere de gobiernos democráticos, respetuosos de los derechos de sus ciudadanos y cumplidores ellos mismos de la ley. Vale la pena preguntarse dónde está nuestro país en el cumplimiento de estos derechos. Según datos de la ONU, Nicaragua es la segunda nación más pobre de América Latina con 64 por ciento de sus 5.4 millones de habitantes viviendo con el ingreso de un dólar o menos al día. Este nivel de pobreza indica que en Nicaragua muchos niños y jóvenes no tienen acceso a salud, educación y nutrición básica; que muchos ciudadanos están en desventaja ante la ley y la justicia; que, como dice Alfredo Missair, representante de la ONU en Nicaragua, hay una élite compuesta por los viejos y los nuevos ricos que juntos suman un número cada vez más pequeño de ciudadanos.
Y lo más preocupante de todo es que el Gobierno de Daniel Ortega esté más ocupado en quebrantar la institucionalidad democrática y garantizar su continuidad, que en combatir las injusticias y la pobreza.
