Colonos de San Bartolo, del municipio de San Rafael del Sur, ubicado a unos 70 kilómetros al sureste de la capital, que inicialmente tuvieron conflictos de propiedad con Ervin Leiva Urbina —quien adquirió una propiedad de 2,091 manzanas de tierras en antiguas tierras de Montelimar— dijeron a LA PRENSA que ellos aceptaron negociar con Leiva porque este es quien hasta ahora ostenta un título de propiedad, pese a que reconocen que esas tierras son del Estado.
Miguel Aburto, quien se identificó como dirigente campesino de la región, dijo que ellos firmaron un acuerdo con Leiva porque es quien les ha mostrado papeles.
“Estamos claros que esas tierras han sido del Estado, pero este señor compró, tiene inscrita la escritura en el Registro y nos cedió 361 manzanas de tierra. ¿Cómo adquirió las tierras? A nosotros no nos interesa”, expresó Aburto.
“Tengo 20 años de andar peleando por los títulos de los diferentes colectivos. Yo conozco bien esta situación y sí, nos reunimos con gente del Frente (sandinista) para explicarles la situación y pedirles ayuda”, precisó.
OTROS NO CREEN EN LEIVA
Pero la posición de Aburto es contradictoria con la que mantiene otro grupo de personas de la zona, que no han aceptado negociar con Leiva, como Faustino Pichardo, Clementina Mendoza, Teodosia Hernández e Ignacia de la Cruz Vallecillo, quienes se han opuesto a todo trato con Leiva.
Sin embargo, Aburto dijo que todas esas personas están siendo utilizadas por Lila Bermúdez y su marido Carlos Loáisiga, quienes supuestamente tienen interés en adquirir parte de la propiedad y por ello mantienen confrontados a Leiva con un grupo de los colonos.
Bermúdez y su marido han dicho que él único interés que tienen ellos es defender el derecho de los campesinos, a tener un pedazo de tierra y que como cristianos que son, han estado apoyándolos.
Aburto admitió que él anduvo con Bermúdez, pero que se salió porque miró que había cosas para manipular a los campesinos a favor de ella.
Loáisiga por su parte fue el abogado que presentó, en representación de los campesinos de San Bartolo, un recurso de amparo contra un violento desalojo ocurrido en noviembre del 2005, cuando casi un centenar de policías llegó a apoyar al juez José Galeano y hombres contratados por Leiva destruyeron las casas de los colonos.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el recurso de amparo y dejó desamparados a los campesinos en julio del 2006.
PIDE PRUEBAS
Sobre los señalamientos que hizo José Antonio Sánchez Gutiérrez, con relación a que Aburto recibió dinero de parte de Leiva para traicionar la causa común de los colonos, este respondió que Sánchez no tiene pruebas de lo que dijo.
“Yo sí puedo decir que parte de su familia recibió los 250 mil córdobas que dio Leiva como indemnización a esa gente por los desalojos del 2005”, aseguró Aburto, quien agregó que “ellos recibieron 100 mil córdobas porque en el acuerdo que firmaron con Leiva había cuatro familiares, incluida su esposa”. Sánchez reconoció que su esposa recibió 25 mil córdobas.
Por otro lado Aburto, que estaba acompañado de Rosa Lidia Vallecillo, otra campesina del lugar, anunció que en los próximos días realizarán una marcha con todos los colonos de la zona, para reclamarle al Estado que les titule las propiedades que les fueron asignadas a mediados de los noventa.
