En cualquier deporte los contrincantes usan mañas para tratar de vencer a sus oponentes. En el boxeo, por ejemplo, algunas de las mañas más conocidas son los golpes bajos en el aspecto ofensivo y el amarre en el defensivo. Así, cuando un boxeador asesta un golpe sólido en la humanidad de su rival este busca cómo abrazarlo para tratar de neutralizarlo y desconcertarlo.
En la política criolla es evidente que las bancadas orteguistas en todos los poderes del Estado han adoptado la táctica de asestar golpes bajos, para imponerse sobre sus opositores y atropellar la Constitución y el Estado de Derecho. La decisión de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), de prohibir la publicación de la Ley 630, fue sin lugar a dudas un golpe bajo al Estado de Derecho, que los magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia ratificaron con su ilegal y maliciosa sentencia que declara inconstitucional dicha ley. Los magistrados orteguistas una vez más pasaron mañosamente sobre los procedimientos establecidos por ellos mismos. Irrespetaron los “acuerdos de caballeros” y, como si eso no les hubiera bastado, se pronunciaron sobre algo que ni siquiera les había sido consultado, es decir, el nombramiento que hizo el Presidente de su esposa, Rosario Murillo, como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes).
Sin embargo, una vez asestado el golpe bajo, la Primera Dama cogobernante, doña Rosario Murillo, habló el sábado pasado por la noche de un diálogo político: “Dejémonos ya de los ridículos enfrentamientos cuando perfectamente podemos dialogar, podemos encontrar en nuestras diferencias la materia prima para alcanzar nuevos acuerdos”, dijo Murillo. Siguiendo con la misma estrategia aparentemente conciliadora, pero en realidad confusionista, el lunes el magistrado sandinista Rafael Solís propuso en el programa Primera Plana, del Canal 2, un diálogo entre el Poder Legislativo y el presidente Daniel Ortega, según él para encontrar una salida negociada al presente conflicto.
Evidentemente, el presidente Ortega con la ayuda de sus asistentes en el Poder Judicial asesta golpes bajos a la legalidad y la institucionalidad, impone caprichosamente sus CPC y cuando ve que le van a responder, busca el “amarre” para frenar el ímpetu de la respuesta de la oposición, para enfriar su ánimo. Pero ¿cómo puede la oposición dialogar luego de haber sido arrollada y ultrajada por la maquinaria orteguista? Para hablar de diálogo Daniel Ortega tendría primero que restablecer el respeto a la independencia del Poder Legislativo y su derecho de hacer y publicar leyes sin la interferencia del Ejecutivo a través del Poder Judicial. Específicamente, Ortega tendría que ordenar a su bancada en la Corte Suprema que deshaga su extravagante sentencia, que fue dictada sin la participación de los magistrados propietarios de la Sala Constitucional. Esta sería la condición mínima para iniciar un diálogo con un contrincante tan mañoso. Pero, además, como bien ha apuntado el diputado de la alianza MRS, Enrique Sáenz, el presidente Ortega debe dar un giro de 180 grados con respecto a sus tendencias totalitarias de gobierno y buscar el consenso de todas las fuerzas políticas, antes de tomar decisiones confrontativas que alejan la paz y la concordia social.
Si los diputados y magistrados de la oposición le siguen el juego al orteguismo serán desgastados, minados y, al final, noqueados. Ellos tienen que abrir los ojos y rechazar las artimañas de este boxeador malicioso, que da golpes bajos, que usa navajas debajo de los guantes, que abraza sólo para tomar aliento y volver a embestir cuantas veces sea necesario a fin de conseguir sus objetivos. De lo contrario, los partidos políticos de oposición irán siendo anulados; los poderes del Estado perderán su razón de ser; el Estado de Derecho seguirá siendo pisoteado; el pueblo nicaragüense quedará sin esperanzas.
La oposición, de manera unificada, debe responder con la contundencia que amerita esta grave crisis institucional y la ofensiva dictatorial de Daniel Ortega. Lo que está en juego aquí va más allá de los diputados y magistrados de los poderes del Estado. Se trata del futuro de Nicaragua, de la Patria, de la Nación, de la República, de la libertad y la democracia.
Para salvar la democracia y que Nicaragua vuelva a ser República, hay que hacer a un lado los intereses particulares, cerrar filas y luchar.
