La alianza entre los sindicatos, el empleador y la Inspectoría Departamental de Chinandega quedó sellada, al abrir sus puertas el Centro de Derechos Laborales, que pretende asesorar a la fuerza ocupacional sobre el cumplimiento de las leyes nicaragüenses.
El proyecto piloto es paralelo en seis países: El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana.
Después de abrir el centro en Chinandega, por considerar que después de Managua es la segunda ciudad con cifras importantes de contratación y comercio, se asegura que abrirían sucursal en León.
RECLAMAN CAPACITACIÓN
“Urge que nos capaciten. Las demandas laborales ya no serán por escrito, sino orales y la masa laboral necesita conocer de las leyes y sus derechos”, dijo Fernando Loáisiga, representante de Fetsalud, en este departamento.
Loáisiga ejemplificó que los casos se caen por problemas económicos de los demandantes, porque a los abogados no les gusta seguir estos juicios porque no hay simetría de lo que se podría obtener como ganancias y el pago de los honorarios de un defensor, mencionó el dirigente.
COINCIDEN CON SINDICATOS
La óptica de la Inspectoría Departamental coincide con la de los sindicatos. Yesenia Mena, inspectora en el departamento, comentó que esta cartera está saturada de trabajo.
“Los pueblos del norte serían los más beneficiados. El Ministerio del Trabajo a veces no cubre todas las demandas y la herramienta ayuda mucho a las dos partes, porque el resultado es brindar asesorías y paralelamente lograr sustanciales indemnizaciones”, dijo Mena.
En Chinandega hay empresas como la zona franca, el comercio o de la iniciativa privada, que hacen uso de la suspensión laboral, las cuales siempre causan inconformidades en los trabajadores.
Monseñor Antonio Herrera, coordinador de las Comisiones de Justicia y Paz en la Diócesis de Occidente, aseguró que esta herramienta es primordial para los trabajadores, porque el objetivo es facilitar los conocimientos que en materia de leyes pueden disponer los trabajadores.
APOYO DE EE.UU.
La organización Catholic Relief Servicies colabora con fondos propios, pero el donante principal es el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.
Este proyecto tiene un costo de más de 700 mil dólares. Paulatinamente se extenderá al resto del país.
“Nadie debe sentirse amenazado, porque lo que se está buscando es hacer efectivas las leyes laborales, para que se conozcan y se respeten”, dijo Conor Walsh, representante del programa de Catholic Relief Servicies en Nicaragua.
