¡Qué barbaridad! Al presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo no les basta ser la caja de resonancia de los berrinches del presidente con ínfulas de dictador, el venezolano Hugo Chávez Frías, sino que hay cosas totalmente fuera de contexto que pretenden poner en práctica en Nicaragua. Ortega ataca a Estados Unidos, al Rey de España, al presidente de Colombia Álvaro Uribe y a quien sea, después que lo hace Chávez. Es un típico compra-pleitos que sólo deja mal ubicada a Nicaragua en el concierto internacional, reflejando un pésimo manejo de su política exterior.
Pero además, ahora resulta que Ortega ha generado una crisis entre el Poder Ejecutivo que él dirige, el Poder Legislativo (donde no tiene mayoría parlamentaria) y el Poder Judicial, con el tema de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Ortega por “sus pistolas” quiere que este peligroso brazo político de su partido forme parte del Ejecutivo y asuma funciones estatales. Los diputados de oposición (52), con toda razón jurídica, rechazan semejante pretensión.
Ortega y sus séquito chantajean a las bancadas de oposición del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y la Alianza Movimiento Renovador Sandinista (MRS), para que no sólo se le dé vida jurídica a los CPC, sino que se aprueben las reformas constitucionales que perpetuarían en el poder a él, su esposa Rosario Murillo y los hijos de ellos. ¡Qué voracidad por el poder el de esta familia! La dinastía de los Somoza se está quedando chiquita.
Al ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, Ortega le hace la vida difícil enviándole señales de que publicará las reformas al Código Penal por partes, con tal de que no obtenga su libertad. De hecho ayer se publicaron en La Gaceta sólo 20 artículos. Y al ex candidato presidencial por la ALN, Eduardo Montealegre lo mantiene en vilo con los juicios que pretende llevar a su fin.
Los diputados de oposición deben tomar cartas en el asunto y mantenerse unidos frente a las pretensiones tiránicas de Ortega y no aprobar las malsanas reformas constitucionales. Deben impulsar la Ley de Administración Pública para frenar ambiciones como la de los Ortega-Murillo.
Ortega cree que le hace daño a Alemán no publicando el Código Penal en tiempo y forma, cuando el verdadero mal se lo hace a los nicaragüenses que urgen de una moderna legislación penal para su seguridad jurídica. Votantes, es Ortega quien pretende proteger a los delincuentes y arriesgar a la ciudadanía, y esto lo deben valorar sus propios militantes de que cuando ocurra un delito que los afecte a ellos, habrá impunidad por voluntad de su propio líder.
Los diputados también deberían destituir al presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez y mandar a publicar el rechazo al veto parcial contra la Ley Nº 630, Ley de Reformas y Adiciones al artículo 11 de la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo.
Si Ortega no respeta la ley e institucionalidad del país, él se metería a serios problemas, y peor aún, si usa a la Policía y al Ejército de forma abusiva, cosecharía su propia debacle.
