En Los Jícaros A, un caserío de San Bartolo, San Rafael del Sur, en tierras del ingenio Montelimar, sus pobladores no olvidan el día en que Erving Leiva Urbina, a quien identifican como un “socio” del ex convicto Alex Centeno Roque, llegó a desalojarlos de sus casas con apoyo de la Policía y un juez.
“Ese día se portaron como animales. Destruyeron todo, a vista y paciencia de la Policía”, recuerda Faustino Pichardo, un humilde campesino del lugar, de 60 años, que se resiste a abandonar lo que queda de la casa en la que habita con sus hijos, nueras y nietos.
El primer desalojo se produjo en noviembre 2005. Pero en febrero de este año Leiva y sus hombres volvieron a llegar para desalojar a Pichardo y a otros pobladores de Los Jícaros.
“Nos viven amenazando constantemente con desalojarnos. Pero de aquí no nos sacan porque estas tierras son nuestras”, repite Pichardo, quien dice que en los años setenta fue sandinista, en los ochenta contra, en los noventa liberal y ahora dice haber vuelto a su origen sandinista.
Entre los documentos que respaldan sus palabras, Pichardo muestra una asignación de tierras que le entregaron en los años noventa.
BAJO LA LEY
Leiva tiene su propia versión sobre los hechos y dijo, a través de su abogado, Arbel Medina, que todas sus actuaciones están basadas en la ley, que compró uno de los títulos más seguros que se pueden adquirir como lo es el de una subasta judicial.
“El desalojo se hizo con base en una orden judicial, las tierras se compraron en una subasta, se les otorgó a los colonos una porción de tierras, pero, claro, hay gente allí que no tiene derecho como ese Pichardo o los Pulido, que son paracaidistas a los que no se les va a permitir quedarse”, dijo Medina.
Agregó que el año pasado hubo un acuerdo con los campesinos de la zona, a través del cual se les entregó 360 manzanas de tierras “y ahora todo está arreglado”, explicó el abogado de Leiva.
COSTAS CODICIADAS
La finca donde se asientan estos campesinos es de 2,091 manzanas de tierras. Está situada en la comarca El Zapote, exactamente del kilómetro 58 y medio de la carretera a Montelimar, 14 kilómetros al Oeste y tiene una codiciada franja de costas en el Pacífico nicaragüense de más de siete kilómetros, que se extienden desde Montelimar, pasando por Quisalá, Los Cojones, El Estero de Telpachuapa, Miraflores, hasta San Diego, que ahora colinda con propiedades donde se construye el Hotel Marriot.
La mayoría de los pobladores de estas tierras tiene más de 20, 30 y 40 años de vivir y trabajar en ellas, porque “eran del general Somoza”, según dice José Antonio Sánchez Gutiérrez, otro campesino de la zona.
Casi todos dicen tener asignaciones de tierras que se les entregó a inicios del 2000 a través de la Oficina de Titulación Rural y exigen que sus tierras les sean legalizadas, otorgándoles títulos de propiedad.
PREOCUPACIÓN
Sin embargo, los campesinos están preocupados porque la ex Intendente de la Propiedad, Mireya Molina Torres, anuló un título de reforma agraria (con 273 manzana de tierras) que estaba a nombre de Marvin Mendoza Ortega y otros, que había sido otorgado en septiembre de 1989, bajo el argumento de que los beneficiarios del título de reforma agraria no se encontraban en posesión de inmueble.
Pero las sospechas sobre las intenciones de la anulación de ese título de reforma agraria son más grandes, porque el ahora ex director de Titulación de la Intendencia de la Propiedad, Ciro Orozco Berríos, emitió dos constancias contradictorias a solicitud de Ervin Leiva Urbina.
La primera constancia, con fecha 22 de marzo del presente año, indica que “en los registros físicos y computarizados que lleva esta institución no se encontró registro de emisión de título de reforma agraria, supuestamente emitido el 23 de septiembre de 1989.
En la segunda constancia, emitida ocho días después, el 30 de marzo del 2007, Orozco asegura que “por haberse comprobado un lapsus material al buscar la información, la cual se encuentra efectivamente en nuestros archivos”, es decir que sí existe el título de reforma agraria a favor de Mendoza Ortega y otros.
¿Por qué sacaron esos papeles a solicitud de Leiva?, se pregunta Clementina Mendoza, una lugareña que defiende con pasión de madre la tierra que la vio nacer.
“Gracias a Dios se descubrió la trama que se estaba haciendo para volvernos a sacar”, dijo Clementina Mendoza.
“Fuimos a hablar con Alejandro Gómez, de la Intendencia, y la actual diputada Elia María Galeano, alias ‘La Chaparra’, ex miembro de la Resistencia y actual aliada del Frente Sandinista en la Convergencia, y este señor Gómez dijo que iban a hablar con la actual Intendente, Yara Pérez. El Cardenal también está enterado, nos prometieron que el primer problema que iban a resolver era el de Los Jícaros A”, agregó la mujer.
LA MARAÑA JURÍDICA
El caso de estas tierras se remonta a un antiguo juicio de cesión de derechos hipotecarios promovido por un antiguo abogado de los Centeno Roque, Max Hernández (que en realidad representaba los intereses de una de las más importantes empresas de los hermanos Centeno Roque: Agropecuaria Santa Elena (Agrosanelsa), contra la sociedad Agroindustrial Montelimar, S.A. (AMSA) en el Juzgado Tercero de Distrito Civil de Managua, que por entonces presidía la ahora magistrada sandinista del Tribunal de Apelaciones de Managua, Vida Benavente.
Luego, Hernández cedió los derechos adquiridos de crédito e hipoteca contra AMSA a favor de Blanca Margarita Castaño Calero, esposa del ex convicto Norwin Meneses Cantarero. Luis Enrique Meneses Cantarero, hermano de Norwin, está casado con Mirna Auxiliadora Centeno Hidalgo, hermana de Alex Centeno Roque. No es la primera vez que la esposa de Meneses se menciona en supuestos negocios relacionados a Alex Centeno.
DENUNCIA DE HACE DOS AÑOS
En enero del 2005, Juan Dewey Thomas Altamiramo denunció que le vendió una propiedad a Centeno en 750 mil dólares y que la misma fue puesta a nombre de Castaño, recibiendo un abono de 250 mil dólares, pero luego descubrió que las propiedades que puso en garantía Centeno, no existían.
El 29 de marzo del 2004, ante los oficios notariales de José Dolores Reyes Lara, Castaño Calero firmó un contrato de cesión de derechos a favor de Ervin Antonio Leiva Urbina, en la que se comprometió a ceder y traspasar la finca Los Jícaros A, situada en el municipio San Rafael del Sur, en la comarca El Zapote.
La cesión y traspaso de la propiedad se llevó a cabo una vez que se perfeccionó la subasta del inmueble dentro de un juicio que estaba en trámite en el Juzgado Tercero de Distrito Civil de Managua, en el cual Castaño actuó como cesionaria de los derechos litigiosos y de crédito hipotecario de Max Hernández Torres, en contra de Agroindustrial Montelimar Sociedad Anónima, según explica la escritura.
LA CADENA DEL NEGOCIO
En esa rectificación de escritura se pactó que el precio de la finca sería de 23 millones 628 mil córdobas, equivalentes a 1.5 millones de dólares.
Sin embargo, Castaño Calero apareció firmando una escritura de compra-venta a las 4:50 minutos de la tarde del 26 de septiembre del 2004 a favor de José Vicente Loáisiga Toruño, un supuesto ganadero del municipio de Quilalí (lugar de origen de los Centeno Roque).
Castaño había obtenido la propiedad, primero por la cesión de derechos otorgada por Hernández y luego por la venta forzada que se realizó en el Juzgado Tercero Civil de Distrito de Managua, a cargo de la doctora Vida Benavente, donde pagó 17.7 millones de córdobas.
Pero al vendérsela a Loáisiga la negoció en cinco millones de córdobas, según escritura número 31 notariada por el doctor Roberto José Ortiz Urbina, (q.e.p.d.) el 21 de septiembre del 2004.
El apoderado general de Loáisiga es Erving Antonio Leiva Urbina, su concuño, quien aparece en los registros de los juzgados de varios lugares del país con múltiples conflictos de propiedad y hasta fue vinculado con el guatemalteco Mario Hernández Colindres, principal sospechoso de la quiebra del Bancosur, en 1999.
“Con todo eso lo han vinculado, pero todo ha sido mentira, ganas de hacerle mal al hombre”, aseguró el abogado de Leiva.
