Mientras todo el mundo estaba pendiente del referendo que le podría dar poderes absolutos al presidente venezolano Hugo Chávez, los presidentes respaldados por Chávez en Bolivia, Ecuador y Nicaragua tomaron medidas que muchos en sus países calificaron de golpes institucionales.
¿Se trató de una acción coordinada?, ¿hay algo en el aire —además de los petrodólares venezolanos— que está alimentando las tentaciones totalitarias de estos y otros líderes latinoamericanos?
¿O es el colapso del ejercicio de la defensa colectiva de la democracia, por la cual los países latinoamericanos defendían celosamente las instituciones democráticas en toda la región tras las dictaduras militares de derecha de los años setenta?
En los últimos días, el presidente boliviano Evo Morales y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hicieron que sus Asambleas Constituyentes aprobaran medidas que les permitirán acumular cada vez más poderes, reelegirse cuantas veces quieran y quitarle gran parte de su espacio político a la oposición.
En Nicaragua, donde me encuentro al escribir estas líneas, el presidente sandinista Daniel Ortega anunció el viernes por la noche la constitución de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organizaciones que el Jefe de Estado describió como mecanismos para una “democracia directa”.
Los CPC estarán al mando de la cada vez más poderosa primera dama Rosario Murillo, y serán conducidos por el Gobierno —todavía no está muy claro cómo— a pesar de un voto de la Asamblea Nacional que le prohibió al presidente utilizar los CPC como una estructura de poder paralela con la que podría gobernar por encima de los líderes provinciales y alcaldes.
“Hay un claro intento por tomar control a la fuerza de las instituciones y romper el orden constitucional y el Estado de Derecho”, me dijo Eduardo Montealegre, el ex candidato de centro derecha que compitió con Ortega en las elecciones del 2006 y actual diputado nacional.
Edmundo Jarquín, el candidato del sandinismo disidente, de centro izquierda, en las elecciones del 2006, me dijo que Ortega había llevado a cabo “un golpe institucional” al desconocer el mandato del Congreso.
Sin embargo, Jarquín y otros políticos de todas las tendencias con los que hablé coincidieron en que a Ortega le será mucho más difícil que a Chávez, Morales o Correa ejercer poderes absolutos, aunque tratará de hacerlo. Entre otros motivos:
—Primero, a diferencia de Chávez, Ortega no tiene petróleo. Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina, y Ortega no tiene recursos para una campaña para que pueda lograr un apoyo general para un proyecto dictatorial.
—Segundo, a diferencia de Chávez, Ortega tiene un gobierno de minoría, en que la oposición controla la Asamblea Nacional. Ortega ganó la Presidencia con apenas el 38 por ciento del voto, gracias a una división entre los partidos antisandinistas, y una reciente encuesta de M&R Consultores muestra que sólo el 22 por ciento de los habitantes de Managua tienen una buena imagen de él.
—Tercero, Ortega no tiene un control absoluto del Ejército, y tiene a gran parte de los medios en contra. De hecho, periódicamente acusa a los periodistas de ser lacayos de la “oligarquía” e “hijos de (el jefe de propaganda nazi Joseph) Goebbels”.
—Cuarto, la creciente delegación de poderes en la primera dama está creando descontento en las filas sandinistas.
En una prolongada entrevista, le pregunté al general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente y ex comandante de las fuerzas armadas durante el régimen sandinista de 1979-1990, si la creación de los CPC no constituye un intento de gobernar por encima de las instituciones democráticas.
El ex comandante revolucionario, que se ha movido hacia el centro del espectro político pero se mantiene cercano a su hermano, me dijo que la creación de los CPC “podría ser un abuso de poder, pero no son un intento de quebrar la institucionalidad de este país”.
Agregó que “en mis pláticas con Daniel Ortega jamás he percibido que va en la dirección de quebrar el Estado de Derecho”.
Mi opinión: puede que Daniel Ortega se haya extralimitado para consolidar su propia base izquierdista, o puede que esté tratando de burlar las instituciones y convertirse en un Presidente vitalicio. Por el momento, todo parece indicar que está tentado de hacer esto último, pero que —a menos que exista un mucho mayor compromiso financiero de Chávez— no podrá hacerlo.
Al terminar de escribir estas líneas, mientras llegan noticias de crecientes tensiones políticas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, no puedo dejar de pensar en algo que acaba de decir la ex esposa de Chávez, María Isabel Rodríguez, en una entrevista con Radio Caracol de Colombia. Refiriéndose a la “revolución bolivariana” de Chávez, dijo que “lo que empezó como una batalla contra la pobreza, terminó como una batalla contra todos los que piensan diferente”. Lo dice todo.
