La Asamblea Nacional discutirá el próximo jueves una reforma a la Ley 290, de Organización del Poder Ejecutivo, para derogar la existencia de los cuestionados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), pero desde ya el Gobierno contempla la posibilidad de vetar esa ley o de introducir un recurso de amparo ante el Poder Judicial, controlado por el FSLN y el PLC.
El presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, explicó que el presidente Daniel Ortega tiene tres opciones para enfrentar la reforma a la ley.
“A quien le corresponde actuar es al Gobierno y posee tres opciones: publica la ley, la veta o introduce un recurso (de amparo), vamos a ver qué decide el Poder Ejecutivo”, dijo Núñez.
EL VETO NO RESUELVE
Pero si el Poder Ejecutivo veta la reforma a la Ley 290, el caso caería otra vez en manos del parlamento y Ortega enfrentaría una inminente derrota sobre uno de sus más simbólicos proyectos de Gobierno.
Es por eso que la posibilidad de que el Ejecutivo recurra de amparo ante un Poder Judicial sumiso a Ortega y a su socio, el liberal Arnoldo Alemán, parece ser la estrategia que seguirán el Presidente y la primera dama, Rosario Murillo, bajo el alegato de que la Constitución permite a los ciudadanos organizarse en la forma que mejor les convenga.
LA AMENAZA LATENTE
Además, sigue latente la supuesta amenaza de Ortega sobre Alemán, relativa a que si los CPC son derogados, el Ejecutivo vetará el nuevo Código Penal en el articulado que acorta las penas por lavado de dinero y así el ex presidente liberal vería desaparecer la posibilidad de concluir su sentencia en diciembre de este 2007.
Alemán tiene un mayor control sobre los magistrados liberales del Poder Judicial que sobre los 25 miembros de la bancada del PLC.
DIPUTADOS DICEN ESTAR FIRMES
Los jefes de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), María Eugenia Sequeira, y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, reiteraron ayer que los 47 votos de ambas bancadas derogarán los CPC.
También deben sumarse a esa causa los tres votos del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
“Van los CPC a eliminarse”, preciso Sequeira.
Rodríguez señaló que la decisión en el PLC se mantendrá invariable.
“Ellos (los sandinistas) pueden hacer lo que quieran, nosotros como legisladores estamos conscientes con lo que tenemos que hacer y hay un mandato del pueblo de Nicaragua que no quiere saber nada de los Consejos sandinistas”, dijo Rodríguez.
El pasado 19 de julio, Murillo adelantó que para el 14 de septiembre, día en que se instalará el llamado Gabinete Nacional, los CPC tendrán inscritos a casi un millón de personas.
Por su parte, el diputado sandinista y sindicalista Gustavo Porras, ha dicho en varias ocasiones que los defensores de los CPC saldrán a las calles a defender lo que ellos definen como un “derecho constitucional”.
Núñez comentó ayer que la bancada sandinista decidirá hasta el próximo lunes cuál será la estrategia que seguirán en el parlamento para defender a los CPC.
SANCIONES A FUNCIONARIOS SI SE APRUEBA REFORMA
El primer secretario de la Asamblea Nacional, el liberal Wilfredo Navarro, informó que de aprobarse la reforma a la Ley 290, los funcionarios de Estado que contribuyan de alguna manera con los CPC serán procesados por violación a las leyes.
