Los problemas en el municipio de Tola parecen no dar tregua. Esta vez, el concejal sandinista de Tola, César Lumbí se encuentra en aprietos por una querella de calumnias que en su contra hizo la responsable de Recursos Humanos de la Alcaldía, Rosa Bello Jácamo.
Mientras Lumbí asegura que esto es una trama de la alcaldesa Loyda García, Bello dice que no está dispuesta a que pisoteen su honorabilidad.
Lumbí dijo que el pasado 30 de julio “decidimos sesionar porque nos interesaba Tola y se dejó claro que aunque estuviera ausente (la alcaldesa) iba a quedar abierto en el libro de actas que en cuanto se presentara a una sesión íbamos a tomar la decisión de destituirla por la violación constante de la Ley de Municipios…, hubo mucho interés en la sesión porque habían temas muy importantes como era modificación del presupuesto e incluso hasta la aprobación de la plaza de adquisiciones de compra de material, que no existía”.
Pero la sorpresa para el concejal vino días después de esa sesión. “Lo más preocupante para nosotros es que después de haber sido aprobada la plaza de adquisiciones, en donde según la Ley de Municipios los concejales tienen derecho de hacer sus alegatos y emitir opiniones, la junta directiva del sindicato de la Alcaldía me envía una acusación donde me mandan a decir que yo llamé corrupta a la responsable de Recursos Humanos”.
EMISARIOS
“En ningún momento fueron palabras que utilicé en esa sesión…, nuevamente Loyda García utiliza a uno de sus emisarios y me ponen una demanda por injurias y calumnias ante el juzgado del municipio de Tola, el martes 28 se celebró la audiencia inicial y la juez determinó aceptar la querella, hice mi alegato y lo más preocupante es cómo se deja ver la influencia que tiene la alcaldesa sobre la juez Astrid Fonseca, quien hace una interpretación errónea de las leyes”, dijo Lumbí.
Se intentó localizar a la juez Fonseca, pero en su despacho nos indicaron que no se encontraba. En la audiencia inicial la juez resolvió que Lumbí no debía salir del país y que se ordenaba la suspensión inmediata de su cargo como concejal.
“Esto es una muestra de que no sigue contenta (la alcadesa) porque sabe que los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) no satisfacen ni llenan sus expectativas de que nosotros deberíamos ir presos y no satisfecha de esto viene y utiliza a otros emisarios para seguir perjudicando al municipio de Tola y a los concejales”, dijo Lumbí.
El concejal hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “para que venga a poner en su lugar a la juez local y al presidente Ortega que tome cartas en el asunto, porque le ha hecho daño (la alcadesa) al pueblo de Tola y principalmente al partido del Frente Sandinista”.
Lumbí deberá enfrentar juicio oral y público el próximo 11 de octubre. “Creo que el actuar de la juez es arbitrario y se ha irrespetado las leyes del país”, dijo.
HASTA EL FINAL
Consultada ante los señalamientos de Lumbí, Rosa Bello Jácamo negó que esté siendo utilizada por la alcaldesa García. “Me motiva (hacer la acusación) porque desde hace buen rato ha sido su costumbre (de Lumbí) maltratar, humillar, hablar lo que se le ocurra de la gente y nadie hace nada para defenderse”.
Dejó claro que no tiene nada que ver con los problemas que el concejal tenga con la municipalidad o con la alcadesa García. “No tengo que ver nada, yo lo único que reclamo es mi honorabilidad porque no me va a pisotear como él acostumbra hacer con todo mundo y voy hasta el final”.
En tanto, la alcaldesa Loyda García dijo que se ha hecho costumbre de los concejales culparla de todo lo que sucede en la municipalidad y catalogó la actitud como inmadura.
“En el caso de la demanda no tengo nada que ver, decir que tengo influencia en los trabajadores es pensar que ellos no tienen criterio propio, yo ni voy al juzgado y no tengo nada que ver con lo que la juez decide”, dijo García.
LOS HALLAZGOS DE LA CGR
El 2 de julio pasado los concejales del municipio de Tola recibieron una notificación de hallazgo de auditoría emitido con la Contraloría General de la República, que contiene la “información provisional registrada en el respectivo expediente de auditoría”; sin embargo, aún falta que el ente fiscalizador dé una resolución del caso.
Una vez recibida la notificación, los concejales debían expresar por escrito sus aclaraciones o ampliaciones en relación con los hallazgos que fundamentalmente tienen que ver con un permiso personal otorgado a la concejal Rita Medina, mediante el cual la eximen de que trabaje ocho horas, dado que ejerce dos cargos, el de secretaria del concejo y en el Ministerio de Salud.
En otro de los hallazgos se establece que se aprobó asignar un monto de 500 córdobas a cada concejal suplente, en el mes de marzo, lo que la ley prohíbe, sin embargo, Lumbí dijo que en este caso el dinero ya fue regresado.
Y un tercer hallazgo dice que los concejales autorizaron arrendamientos de lotes de terrenos costeros.
Sin embargo, para Lumbí, estos hallazgos no constituyen ninguna situación de corrupción “tal y como lo ha dicho la alcaldesa, nosotros decimos que sí abusó de su cargo cuando estaba pidiendo un diez por ciento, que nosotros no lo aprobamos a inversionistas, para la sesión de derechos”.
Sobre el supuesto cobro del diez por ciento, que según Lumbí hizo la alcadesa, García dijo que esto nunca lo han demostrado y que no hay inversionista alguno que personalmente se haya quejado por la situación denunciada.
