Hasta la fecha el Legislativo no tiene un planteamiento serio para aplicar las leyes de transporte, ni esperanzas para desarrollar un mecanismo de protección a los usuarios de las camionetas que “acarrean” pasajeros, admitió ayer el miembro de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, Freddy Torres.
“Sabemos que las camionetas son un peligro, que en un pequeño percance las personas pueden salir por los aires sin protección, pero nadie nos ha presentado una propuesta seria para regular esas camionetas y al resto del sector transporte”, indicó ayer el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, a modo de justificación al ser consultado sobre las medidas de protección a los usuarios capitalinos.
En Managua, decenas de camionetas con permisos de acarreo de artículos y materiales varios se dedican a trasladar a personas, como si fueran buses urbanos.
Hasta la fecha las autoridades del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) desconocen cuántas camionetas andan “ruteando”, sin embargo, sólo en el barrio Jorge Dimitrov hay unas treinta, sumadas a una cantidad similar de camionetas que trabajan de esa forma en el barrio José Dolores Estrada, en el Mercado Iván Montenegro y el barrio Hugo Chávez.
LAS ESTADÍSTICAS
Aunque se desconocen estadísticas sobre el número de accidentes o víctimas durante el funcionamiento de las camionetas de “acarreo” de pasajeros, el número de sucesos de tránsito sigue aumentando en el país por falta de regulación y educación.
De acuerdo a la Policía Nacional, los accidentes de tránsito en nuestro país constituyen la segunda causa de muerte en la población. Mientras, el Sistema de Vigilancia de Lesiones registra un promedio de 13 a 14 lesionados por día y dos fallecidos en accidentes de tránsito por semana.
“Las cifras son alarmantes, pero aunque fueran pocos los lesionados, lo importante no es el número, sino quién asume la responsabilidad por las víctimas”, cuestionó Ana Clemencia Teller, responsable del Equipo de Protección Integral, de Dos Generaciones.
La especialista agregó que el transporte público no es un asunto de privados, porque “el Estado tiene la responsabilidad de aplicar las leyes, pero aquí no hay seguimiento, no hay control, porque la Policía no multa, no sanciona y nadie se ocupa de las víctimas”, agregó.
No obstante, el jefe de la Secretaría de Tránsito Nacional, comisionado Edgard Sánchez, negó que el Estado tenga alguna responsabilidad sobre las víctimas.
“El Estado no tiene ninguna responsabilidad sobre las víctimas de accidentes, en todo caso la responsabilidad es de las aseguradoras cuando los daños son materiales. La Ley de Tránsito establece que si no tiene seguro vigente, la responsabilidad la asume el propietario del vehículo a través de un juicio y no el Estado”, justificó.
