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La calma es relativa. Aunque las actividades de los campesinos parecen transcurrir de manera normal, en cualquier momento la “ley del talión” puede regresar, ante la falta de una autoridad superior que imponga el orden. (LA PRENSA/ G. MIRANDA)
Presencia policial es clave para evitar más crímenes
III y Última EntregaElízabeth Romero
nacionales@laprensa.com.ni
Cenidh llama a evitar que siga la “ley del monte”

Para el representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Denis Báez, los productores han sido las primeras víctimas de violación de derechos humanos porque no han podido acceder a la justicia, porque el sistema de justicia es deficiente “y por eso han buscado alternativas como ‘la ley del monte’, la ‘ley de la selva’, comienzan a ejecutar a los presuntos delincuentes, también son víctimas personas que sin ningún proceso son ejecutadas. Pienso que la situación viene por el poco personal que tiene la Policía”.

En el caso concreto de los detenidos por el delito de abigeato, dijo Báez que efectuaron una investigación, tras las torturas denunciadas luego que funcionarios de la Policía obviaron el debido proceso. “Utilizaron la tortura como mecanismo de investigación. Esto lógicamente lo cuestionamos porque la investigación debe ser técnica, científica y no debe usarse la tortura como mecanismo de investigación”, sostuvo Báez.

Nubia Artola Delgadillo denunció que recién ocurrido el crimen de su padre, Gilberto Artola, a su casa llegaron nuevamente personas desconocidas, que abrieron las puertas en su ausencia y hasta llegaron a hacer varias detonaciones, las que escuchó desde la casa de un vecino adonde se había ido a pasar la noche por temor.

La semana pasada, también asegura que sus hermanos vieron gente merodeando los alrededores de la vivienda adonde se trasladaron a vivir en otra localidad, después que decidieron abandonar la finca para preservar sus vidas.

Las investigaciones aún no revelan ningún avance en el caso de los atroces asesinatos que alteraron la tranquilidad de una comunidad de Nueva Guinea, donde las vendettas entre dos familias aún no llegan a su fin, por lo cual urge que una autoridad haga respetar la ley y el derecho a la vida

La reciente visita de un subdirector de la Policía Nacional y el anuncio de una pronta visita a Nueva Guinea de la directora de la institución policial, primera comisionada Aminta Granera, ha hecho concebir esperanzas entre los familiares del matrimonio asesinado compuesto por Villanueva Delgadillo Obando y Gilberto Artola Delgadillo, a fin de que sus muertes no queden en la impunidad.

La pareja fue asesinada en fechas diferentes, en los últimos cinco meses, a manos de encapuchados en el sector de la colonia Jacinto Baca, de Nueva Guinea, en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS). Crímenes que aún no han sido esclarecidos por las autoridades locales.

Los familiares de las víctimas critican que la Policía de Nueva Guinea no investigó con la misma celeridad con que averiguó la pérdida de 21 cabezas de ganado que denunciara Josefa Emilia Candray, en enero pasado y por lo cual un hijo y cuatro sobrinos de las víctimas están detenidos.

Hasta ahora se conoce que a casi un mes de ocurrido el último crimen, el del señor Artola Delgadillo, la Policía únicamente encontró dos proyectiles de fusil AK en los patios de la finca del asesinado.

Sin embargo, el arma que disparó esas balas no ha sido encontrada, aseguran fuentes policiales.

Esto ha llevado a la jefatura de la Policía Nacional a enviar a esa localidad un nuevo equipo de investigación de las especialidades criminalísticas, a fin de profundizar las investigaciones.

Esto aparentemente provocará que se suspenda el viaje que la directora de la Policía tenía previsto para esta semana, pues el caso aún está sin esclarecer.

El subdirector de la Policía, comisionado general Horacio Rocha, durante la visita que realizó durante dos días la semana pasada a Nueva Guinea, evitó asegurar si han logrado avances en las investigaciones.

“Estamos investigando, como has podido apreciar, hemos traído a nuestros mejores investigadores de Managua, vos los conocés y aquí estamos buscando la manera de cómo darle respuesta a esto”, sostuvo Rocha en ese momento.

El representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en Juigalpa, Chontales, Denis Báez, aclaró que ese organismo lo que ha hecho es cuestionar el actuar de las autoridades en estos casos.

El representante de los derechos humanos en Chontales recordó que “los dos asesinatos no han sido esclarecidos, sigue la familia Artola Delgadillo en amenaza de muerte y no hay acusados, no hay detenidos, vemos demasiada lentitud en lo que se está actuando y esto trae como consecuencia lo que hemos visto anteriormente: la justicia por su propia mano”, sostuvo Báez.

“No estamos ni acusando ni defendiendo a ninguna de las dos familias que de hecho tienen una rencilla muy personal, ambas están cometiendo delitos, ambas tienen que ser puestas en manos de la justicia”, manifestó Báez.

En este caso recordó que la intervención del Cenidh estuvo relacionada con el caso de torturas, de la cual fueron víctimas los parientes de los asesinados, al momento de haber sido capturados. Por este hecho, pese a considerar que ameritaba acusación, la Fiscalía no acusó, criticó Báez.

“Y si no había méritos, hubiera mandado a regresar el expediente investigativo a la Policía”, dijo Báez, tras referir que ha existido negligencia de las autoridades competentes al momento de investigar.

FISCAL DEFIENDE A POLICÍAS

La fiscal Rosa Emilia Mendoza dijo sobre el particular, que la investigación “no arrojó resultados relevantes en contra de los policías, esto yo lo digo desde mi apreciación. Sí había marcas en los acusados, pero extraoficialmente aquí se conoció, por ejemplo, que las marcas de las manos son porque las esposas aprietan”, indicó la fiscal al referirse a la denuncia de torturas en la estación policial.

Nubia Artola Delgadillo recuerda que su mamá fue asesinada en marzo pasado cuando se dirigía al Juzgado local, debido a que ese día se celebraría el juicio en contra de su hermano Raúl Artola Delgadillo y sus cuatro primos, acusados por el robo de 21 reses propiedad de Josefa Emilia Candray.

Artola acompañaba a su madre junto a otro pariente. A poca distancia de la entrada hacia Nueva Guinea, fueron emboscados por tres hombres armados vestidos de militar, con sombreros “charros”, los rostros cubiertos y un cuarto sujeto vestido de uniforme policial.

No hubo intercambio de palabras, dijo la joven. Recuerda que los desconocidos se fueron directamente hacia donde avanzaba su madre montada a caballo. Y aunque trató de retroceder, le dispararon con una escopeta.

“Nos corrimos, ella cayó, cuando ella cayó la llegaron a rematar”, relató la hija de la fallecida. Su cuerpo recibió 27 perdigones de escopeta y varios impactos de bala en los pies con fusil AK.

Cinco meses después, en la casa de la finca en Buena Vista, fue asesinado Gilberto Artola, cónyuge de Villanueva Delgadillo. Dos desconocidos que incursionaron a la vivienda, abusaron sexualmente de su hija de 18 años y de una nieta de 17.

“Yo digo que son las mismas personas”, dijo Artola, quien critica que en ambos casos la Policía sólo llegó a inspeccionar el lugar luego de ocurrido el hecho.

“Yo esperaba que iban a ir a agarrar sospechosos, porque ideay, cuando hacen esas investigaciones, hasta que llegan a darse cuenta quién fue, y no hubo nada. Yo no comprendo por qué la Policía no agarró a nadie, me imagino que no pueden estar en contra, que deben ser pareja, digo yo”, sostuvo la hija de la pareja asesinada.

Recordó que un mes antes su madre había denunciado ante el Cenidh no sólo las torturas que habían sufrido sus parientes, sino también que su primo Casimiro Delgadillo Candray, hijo de Josefa Emilia Candray, la había “mandado a sentenciar”.

En esa ocasión, dijo, Villanueva Delgadillo dijo ante el Cenidh que Delgadillo Candray había ofrecido 50 mil córdobas a la Policía para que acabaran con la vida de alguno de ellos.

Asegura que un soldado del Ejército le habría dicho a su madre: “Señora, cuídese, porque están pagándole a la Policía 50 mil córdobas para que le quiten la vida a usted y a Raúl, Gilbert y Wilberto”.

“Y al mes que fue a poner esa denuncia fue que la asesinaron. El 20 de febrero puso la denuncia y el 20 de marzo la matan, porque mi mamá dijo que si cualquier cosa le pasaba a ella o a sus hijos, ya se sabía quiénes eran porque ya estaba sentenciada (…) Por eso, nosotros, ¿a quién más le vamos a echar la culpa?”, argumentó Nubia Artola.

Pero Casimiro Delgadillo Candray niega que haya ofrecido dinero o que tenga algún vínculo con los asesinatos de la pareja, como también niega las acusaciones que le hacen de haber arrastrado a uno de los detenidos durante la captura.

“Eso que andan diciendo es muy mentira”, dijo Delgadillo Candray, quien reconoció que la Policía lo investigó a raíz del asesinato de Gilberto Artola.

“Ellos no me preguntaron directamente por ese muerto. Me preguntaron por lo menos que el día lunes dónde me encontraba, yo les dije que me encontraba jugando naipes en una casa, donde mi tía, que allí pasé todo el día”, refirió Delgadillo Candray.

A su vez dijo que la Policía le preguntó si se había acercado a la zona de la finca. “Yo les dije que sí, que casualmente en esos días yo había ido a la finca. Eso fue lo que me anduvieron investigando”, respondió Delgadillo Candray.

Una escopeta propiedad de los Candray también ha sido requisada por la Policía en las dos ocasiones que se han registrado los asesinatos.

Pero aún se desconocen los resultados de los análisis del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.

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