QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, confió hoy en que el Congreso se opondrá a que sea enjuiciado penalmente por injurias y previó nuevos intentos para desestabilizar al gobierno antes de la elección de la Constituyente que definirá su suerte en el poder. Correa se quejó de que el actual marco constitucional faculte a "cualquier chiflado o descalificado moral" a querellar al presidente, al cuestionar la autorización solicitada por una corte al Congreso para procesarlo penalmente.
"Vamos a ver cómo actúan los diputados. Tengo fe que en esta cosa tan elemental y descarada actúen conforme a derecho, conforme a justicia (...) y se niegue el levantamiento de la inmunidad del presidente", expresó Correa en su programa semanal de radio.
El Legislativo -de mayoría opositora- deberá someter a votación el pedido de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema en medio del pulso con el jefe de Estado, quien aboga por la disolución del Parlamento por parte de la Asamblea que redactará una nueva Constitución.
Correa asoció la demanda con un intento para debilitarlo antes de la elección de los 130 asambleístas el 30 de septiembre y previó nuevos ataques de la oposición.
"Por ahí tengo un juicio. No se sorprendan, vendrás cosas peores. Ya lo advertí: desde esta semana hasta el 30 de septiembre pondrán juicios y tratarán de desestabilizar al gobierno", manifestó.
Un ex asesor oficial, Quinto Pazmiño, demandó por injurias graves a Correa por llamarlo "canalla, ladrón y desequilibrado mental" tras haber revelado un video que salpicó al entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, en un escándalo que terminó con su censura en el Congreso y traslado a otra cartera.
De ser autorizado el juicio, Correa enfrenta entre seis meses y dos años de cárcel y una multa de diez millones de dólares, en un caso que podría tardar años en resolverse.
No obstante, sus adversarios en el Congreso se oponen al pedido de la corte argumentando la inestabilidad política que encerraría un procesamiento del presidente, quien también fue demandado por atentar contra la seguridad del Estado al pedir la disolución del Legislativo.
