Juramentarán a “procuradores” de los CPC El Procurador Especial de la Participación Ciudadana de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Sixto Ulloa, informó ayer que juramentarán a ochocientos procuradores de los servicios públicos. Según Ulloa, los procuradores de los servicios públicos “colaborarán” con los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). “Vamos a hacer que lo que el pueblo demanda, se cumpla, en las comunidades especialmente, es decir que si en un territorio el CPC plantea la necesidad de agua o salud, esa necesidad la vamos a acompañar para que el coordinador cumpla con el equipo que está trabajando y también para que el ente del Gobierno estatal también cumpla”, manifestó Ulloa. “Nosotros vamos a hacer una fiscalización del servicio público (luz, agua, teléfonos, salud, educación, infraestructura) que el pueblo requiere y necesita”, añadió Ulloa. “Nosotros estamos en un proceso en Nicaragua para que haya un acompañamiento de las proyecciones sociales y estamos preparando lo que son los ‘Procuradores de Servicios Públicos’, que son los que van a abogar por los derechos que tienen las personas sobre el agua, sobre la luz, el medio ambiente, sobre la salud”, indicó Ulloa. LA PRENSA/ LUDWIN LOÁISIGA LÓPEZ

PLC dice que apoya El diputado José Pallais aseguró que la aprobación de la reforma se mantendrá, a pesar de las supuestas presiones por parte del presidente Daniel Ortega, de vetar las reformas al Código Penal, que afectarían la posible salida jurídica a la situación del ex presidente Arnoldo Alemán, condenado a veinte años de prisión por fraude.

Sin la firma de los diputados sandinistas miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, se dictaminó ayer una reforma a la Ley 290, de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, a través de la cual se pretende derogar la facultad del Ejecutivo para crear los polémicos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que según la primera dama, Rosario Murillo, tendrán casi un millón de integrantes.

El dictamen fue presentado ayer mismo ante la primera secretaría del Poder Legislativo, y señala en su primer artículo: “El Presidente de la República podrá crear mediante decreto, las Secretarías que estime convenientes, para el mejor desarrollo de su Gobierno y determinará la organización y funcionamiento de éstas”.

“A estas Secretarías no se les podrá transferir ninguna de las funciones y facultades de los ministerios de Estado, ni de ningún otro Poder del Estado. Los titulares de estas Secretarías tendrán rango de ministro”, añade la reforma propuesta en el dictamen.

Dentro de ese mismo artículo se determina que una de las Secretarías será la instancia responsable de establecer una relación de coordinación entre los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe nicaragüense y las instancias del Estado.

Se incluyeron nuevos elementos a la reforma del artículo 11, los cuales expresan que “el derecho de participación ciudadana se ejercerá bajo los principios de pluralidad, voluntariedad, equidad y universalidad, sin privilegios de ninguna índole, subsidios o ventajas para ninguna organización”.

“El Poder Ejecutivo facilitará una interacción fluida con la Sociedad Civil organizada, atendiendo por igual y sin discriminación a todas las organizaciones ciudadanas interesadas en la participación. Las organizaciones de participación y consulta ciudadana deberán constituirse y regirse de acuerdo a la Constitución Política y a las leyes de la materia”.

El presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, afirmó que con la reforma se limitan las pretensiones del presidente Daniel Ortega de crear los CPC como parte del Estado, lo que no significa que se afecte el derecho de los ciudadanos a organizarse.

“Pretendemos dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, de decir que queremos una sociedad participativa, sin privilegios a un sector, sin privilegios a los partidarios del Gobierno”, subrayó Pallais.