Un notable crecimiento y desarrollo se aprecia a simple vista en el casco urbano de la localidad. Pero las ofertas institucionales, como las de la Policía, no parecen estar a tono con la demanda de la población.
Una extensa zona del país está limitada al trabajo que pueden hacer los agentes desde una delegación policial en el casco urbano, y algunas comunidades cuentan con una raquítica presencia, en muchas de las cuales la vigilancia descansa en los hombros de policías voluntarios, en otras las delegaciones existen, pero hacen falta agentes.
Representantes de diferentes sectores de la localidad están preocupados por el tono de las informaciones publicadas desde el Pacífico, o por justificar también que en Managua suceden asesinatos y no se les dan los mismos calificativos de que existe terror, o que están en la ley de la selva.
O casos como el del transportista Tomás Duarte, quien alega que gozan de completa seguridad, pues compara los tiempos actuales con la década de los ochenta cuando la zona vivió enfrentada entre fuerzas regulares e irregulares. Duarte dijo que en esa época los autobuses no habían terminado de salir del casco urbano de Nueva Guinea cuando eran emboscados.
“Los choferes venían sin zapatos, venían sin los reales, sin la batería del camión”, señala Duarte, quien considera que ahora “ha cambiado el panorama aquí en Nueva Guinea… si han habido problemas, son internos, de familia”.
El sentir de los lugareños es otro y muchos lo ignoran. Estos consideran que sí enfrentan inseguridad por el robo constante de su ganado y porque existe poca presencia policial.
Enrique Blandón, de 53 años, quien tiene 15 años de vivir en el Maquengue, una comunidad de la colonia Talolinga, dice que hay inseguridad en la zona. “Es robadera de ganado y de bestias (semovientes)”. Blandón considera que estos robos pasan inadvertidos pues “no se echan de ver”, y sobre todo, porque cuando estos casos suceden “sólo hay rumores de que puede ser fulano”.
Hace mes y medio, Blandón fue víctima del robo de dos machos, lo único que pudo hacer fue comunicarlo a los miembros de la Comisión de Paz, de Talolinga, quienes le respondieron que “iban a luchar para encontrarlos”, pero el hombre resignado dice que ya “se perdieron”.
Los machos en esas comunidades pueden costar entre ocho mil y 10 mil córdobas. “Los sacaron del encierro, como era en los tiempos de invierno, no se miró ni la huella, yo los busqué, pero fue difícil”, relató.
En esa comunidad todos conocen de esos robos, y agrega que no sólo él ha sido víctima de robo en los últimos meses en los alrededores de su comarca. Menciona a una familia de apellido González, a quien calcula le han robado unas 20 cabezas de ganado en lo que va del año. O a don Tano Obando, dijo, a quien se le llevaron “de un solo” 17 vacas.
Mario Espinoza Rodríguez es productor y socio de la Cooperativa Cooproleche, él es del criterio de que hay inseguridad en Nueva Guinea.
“Vamos a la finca con miedo… no tenemos confianza, primero porque hay poco acceso por los caminos (malos), y lo otro es porque no hay presencia de la Policía en la zona rural. La Policía se mantiene más que todo en el casco urbano de Nueva Guinea, y en las zonas, adentro, (en) las fincas la inseguridad es bárbara. Allá se mata la gente”, refiere.
“A mí me roban el ganado, pero me da miedo denunciar, tal vez sé quién lo hizo, pero me da miedo denunciarlo porque él (autor) va a salir de la cárcel y lueguito me va a pasar la cuenta; eso es lo que se maneja en el campo”, sostuvo Espinoza, quien considera que estos casos de Nueva Guinea no suceden desde ahorita. Pero trascendieron tras las denuncias de torturas ante los organismos de derechos humanos, por parte de familiares de un grupo de detenidos y las posteriores dos muertes de esa familia, que aún están sin esclarecer.
POLICÍAS DESPUÉS DE ASESINATOS
Por ejemplo, en la colonia Jacinto Baca, hasta hace poco hay policías en la delegación. Según el presidente del Comité de Prevención del Delito del sector, Juan Urrutia, fue construida con apoyo de la comunidad y les costó 87 mil córdobas, parte del dinero, dijo, aún lo adeudan.
“Fue para la seguridad de la población, sin embargo, la presencia no es permanente (…) cada vez que hay problemas vienen, como ahora a raíz de los problemas del asesinato de la finada Villa (Villanueva Delgadillo)”, dijo Urrutia.
El asesinato de Villanueva Delgadillo ocurrió en marzo pasado, a un kilómetro y medio aproximadamente de la entrada de esa colonia, cuando junto a su hija Nubia Artola Delgadillo y otro pariente, se dirigían al Juzgado local donde se celebraría el juicio que por el delito de abigeato fueron acusados su hijo Raúl Artola Delgadillo y cuatro primos más.
Un mes antes, Villanueva Delgadillo había denunciado torturas a varios de sus parientes detenidos por abigeato, por parte de policías locales. Cinco meses después , el cónyuge de Delgadillo, Gilberto Artola Delgadillo, fue asesinado; una hija de ambos de 18 años y una nieta de 17 años fueron violadas ese mismo día por dos hombres armados. Ninguno de los casos ha sido esclarecido
No obstante, el alcalde Julio Constantino Quintanilla y la Fiscal municipal, Rosa Emilia Mendoza, no están de acuerdo con que por estos dos últimos hechos sangrientos se hable de inseguridad en Nueva Guinea.
Para el alcalde de Nueva Guinea en ese municipio “ha habido dificultades” como las hay en otros municipios bien alejados de la capital.
El delegado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en Juigalpa, Chontales, Denis Báez, coincide en que el caso de las vendettas entre dos familias es diferente a los otros casos de personas que se han tomado la justicia por su propia cuenta.
“Yo creo que sí, son situaciones aparte, lo que yo no podría saber; la Policía quizás pueda dar mejor información, es que si estas familias están utilizando a esta banda como mecanismo de ejecución de su propia lucha y venganza que llevan, eso lo debe determinar la Policía”.
Sin embargo, la fiscal Mendoza acepta que en cuanto a los casos de supuesta violencia donde se ha llegado a mencionar la existencia del llamado grupo “Los Justicieros”, o “Caras Tapadas”, esto existió en lo que han venido a llamar “zona de nadie”. Está ubicada entre Bluefields y Nueva Guinea, que “realmente no ha podido manejarla la Policía y es una zona que según tengo entendido por allí pasa el ganado para Bluefields, para Río San Juan y no hay control policial en esa zona”.
“Se habla realmente de un total de 60 cadáveres enterrados en esa zona, yo le puedo decir sin temor a equivocarme (...)que no existe una sola denuncia que venga a confirmar la muerte de estas personas”, dijo Mendoza quien estima que todo se debe a puras especulaciones.
“A (los justicieros) se le ha dado una magnitud que no las deberían tener y esta magnitud ha creado unas expectativas de la comunidad que esa banda puede resolverles sus problemas delincuenciales a la comunidad y eso ha agrandado la idea que están acabando con todos los delincuentes, cosa que me atrevería a decir, no es cierto”, dijo Mendoza.
