Vale la pena reflexionar sobre cómo le va a Irán en el manejo de su propia economía, para poder aprender de sus éxitos y también prevenirnos de sus errores.
En términos de la calificación de su gestión económica, Irán está considerado por la comunidad económica como “underperformance” es decir un manejo insatisfactorio de su gestión económica. Hay dos razones por las cuales se considera que Irán no maneja adecuadamente su economía. La primera es que su economía basada principalmente en la inmensa renta económica producida por los altos precios del petróleo está plagada de corrupción de los servidores públicos que junto con una excesiva intervención estatal afecta la inversión privada. La segunda es que la gestión económica del Gobierno es calificada de incompetente, según la prestigiada revista The Economist, sobre todo de la incompetencia de su Presidente el señor Ahmadinejad.
La economía de Irán está basada en exportaciones de petróleo, que generan el 80 por ciento de sus ingresos de exportación. A pesar de la inmensa riqueza petrolera, Irán difícilmente puede pagar sus facturas de productos importados. Después de casi 25 años de revolución, la extracción de petróleo ha decrecido en un 33 por ciento y la actual política económica ha restringido la inversión extranjera para desarrollar nuevos proyectos de modernización de su infraestructura petrolera.
El Gobierno, como todo buen gobierno socialista, opera en un sistema masivo de subsidios y distorsiones de precios en casi todos los sectores, como el inmobiliario, el de energía, alimentos y crédito bancario. Según el FMI solamente los subsidios en el consumo de energía van a ser del 17.5 por ciento del PIB en el 2006. El total de los subsidios en Irán alcanzan una increíble nivel del 25 por ciento del PIB.
Una organización del Gobierno controla los precios del azúcar, leche, fertilizantes y productos farmacéuticos. Estos subsidios generalizados han llevado a las finanzas públicas a un nivel insostenible, a no ser por la cuantiosa renta petrolera que paga por todos los subsidios. El precio de la gasolina en Irán es de 11 centavos dólar el litro, casi 10 veces más barata que en Nicaragua, y a pesar de ser uno de los principales exportadores de petróleo del mundo tiene que importar el 40 por ciento de la gasolina que consume, ya que no hay ningún incentivo para desarrollar nuevas refinerías locales si el precio es tan bajo. Un reciente incremento en el precio de la gasolina provocó manifestaciones y quemas de gasolineras, por un público acostumbrado a los subsidios estatales. Irán tiene una población muy joven y de rápido crecimiento. Con casi 70 millones de personas donde más del 60 por ciento de la población tiene menos de 30 años, las oportunidades de conseguir empleo son cada vez más difíciles. Esta población joven creciente que gusta de vestir jeans y modas occidentales, se resiste a las costumbre islámicas que obligan a las mujeres a usar el famoso hijab, una bufanda negra que cubre la cabeza. Para paliar la escasez de empleos, los iraníes acostumbran usar sus automóviles privados como taxis, dado el bajo precio de la gasolina.
El FMI califica a Irán como una economía bajo el dominio estatal. Con más de 25 años de revolución y 8 años de guerra con sus vecinos, la economía de Irán ha hecho todo lo posible por evitar el desarrollo del sector privado. Aunque la agricultura y el comercio interior están en manos privadas, el Gobierno controla el ochenta por ciento de la economía participando activamente en la mayoría de los sectores.
Para resolver el déficit en las finanzas públicas, el Gobierno está impulsando un proceso de privatización y ha introducido recientemente reformas en la constitución para transferir a manos privadas más de 25 complejos industriales en manos del Estado. La nueva legislación contempla que el Gobierno se queda con el 20 por ciento de las acciones de las empresas estatales. Esta iniciativa viene del gobierno anterior del presidente reformista Khatami. Este programa tiene el apoyo del máximo líder religioso, el Ayatollah Khamenei, quien siempre ha estado en contra de la nacionalización de los medios de producción. A pesar de ese apoyo del líder religioso, el problema no es la intención del Gobierno de privatizar los medios de producción sino la suspicacia de los inversionistas sobre la credibilidad del Gobierno. Tampoco los inversionistas desean tener al Gobierno como socio.
Otra preocupación de los inversionistas sobre el programa de privatización, es la de los derechos de los antiguos propietarios de las empresas nacionalizadas, los cuales pueden exigir que se les devuelva sus activos. Adicionalmente, ante un clima de negocios en que el sector privado y sus organizaciones gremiales carecen de fuerza, los nuevos inversionistas se sienten temerosos de que se van a respetar las reglas del juego. A pesar de esos temores, la cantidad de oportunidades de negocio que ofrece un país tan rico como Irán van a resultar en un flujo decente de inversiones para el programa de privatización.
El régimen del presidente Ahmadinejad ha causado un daño impredecible en la economía, derivado de sus políticas populistas y su confrontación con los Estados Unidos. Decisiones como la de ordenar a los bancos a entregar créditos a tasas subsidiadas y discursos del presidente atacando al sector privado, al cual seguidamente se refiere como especuladores, ha causado que los inversionistas locales prefieran invertir su dinero en el exitoso Dubai que en su propio país.
Si verdaderamente el Gobierno de Irán quiere apoyar a Nicaragua con un proyecto de infraestructura que contempla la construcción de un corredor logístico que una el Océano Pacifico con el Caribe, mediante la construcción de un puerto en Monkey Point y una carretera del Puerto de Corinto al Caribe, con un ferrocarril y un posible gaseoducto, esto hace mucho sentido para mejorar la competitividad de Nicaragua, y aprovechar la posición estratégica del país el comercio internacional. Sobre todo con el creciente mercado de las economías del Caribe. El deber de los nicaragüenses es vigilar que este proyecto sea ejecutado con la debida transparencia.