La postura que la Contraloría General de la República (CGR) tenía en cuanto a los Certificados Negociables de Inversión (Ceni) ha variado considerablemente desde el 2005, pues en una auditoría especial practicada en ese año sobre estos bonos en los años 2000, 2001 y 2002, no encontraron responsabilidades; contrario a lo que ahora expresan los contralores.
En un informe sobre la gestión del ente fiscalizador en el 2005, remitido a la Asamblea Nacional y al que LA PRENSA tuvo acceso, se enumeran las auditorías practicadas en las distintas instituciones del Estado en las que no se encontró ningún tipo de responsabilidad.
En la lista aparece una auditoría especial realizada en el Banco Central de Nicaragua (BCN) sobre los Ceni emitidos en los años 2000, 2001 y 2002.
La Contraloría concluyó en ese entonces que no hubo irregularidad y por ende, “ningún tipo de responsabilidad”.
El informe tiene fecha de febrero 2006, tiempo en el que fungía en la presidencia el contralor José Pasos Marciaq y la silla de vicepresidente la tenía el contralor Guillermo Argüello Poessy.
El resto de miembros del Consejo de Contralores en ese período eran Luis Ángel Montenegro, Lino Hernández y Fulvio Palma, los mismos que en el mismo 2005 denunciaron de nulidad los Ceni.
En este momento, la Contraloría está a punto de emitir una resolución que determina quiénes fueron los responsables por la emisión de estos bonos, considerados ilegales, y desde ya han expresado que impondrán sanciones e incluso no han escondido que podrían dictar presunciones de responsabilidades penales para los funcionarios auditados.
El contralor Guillermo Argüello Poessy, al ser consultado sobre el informe en cuestión, dijo no saber si la auditoría especial practicada en el BCN hace referencia a los Ceni.
“No sé si en ese momento hace referencia a los Ceni, pero me parece que no, que el caso de los Ceni nunca antes ha sido abordado por esta Contraloría”, expresó.
“Lo que hicimos fue, si mal no recuerdo en el 2005, declarar que eran nulos los Ceni, que carecían de valor por consiguiente obligatoriedad para el Estado, sin embargo se recurrió de amparo. Esto está pendiente de amparo ante la Corte Suprema de Justicia”, agregó.
Argüello hizo la distinción que desde su óptica personal, sería “conveniente” que los recursos de amparo fuesen resueltos antes que la CGR tome una decisión en este caso y definir de una vez si la emisión ha sido enteramente legal.
“Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros?, ¿para el Gobierno el pago de los Ceni es obligación?, ¿el Gobierno actual no tiene ninguna objeción sobre la validez de esos Ceni? Está pagándolos”, apuntó Argüello.
Si los magistrados constitucionales resolvieran que la emisión de los bonos fue legal, los contralores no encontrarían responsabilidades, de acuerdo con la explicación de Argüello.
En abril pasado, el vicepresidente del supremo Tribunal del país, Rafael Solís, dijo que resolverían con urgencia los recursos de amparo que tienen que ver con las investigaciones por la emisión de Ceni.
El magistrado afirmó en aquel momento que la declaratoria de nulidad de los Ceni derivaría un “problema financiero serio en el país”, porque están de por medio casi 500 millones de dólares en Ceni.
“Yo quisiera, si fuese posible, que antes de fallar nosotros determinando alguna responsabilidad, si la hubiese, tener un pronunciamiento del más alto tribunal donde nos diga si todo fue legalmente emitido. ¿Por qué entonces decir que hubo alguna responsabilidad, si fueron legalmente emitidos?”, dijo Argüello Poessy.
La Sala Constitucional de la CSJ tiene estancados varios recursos de amparo, promovidos por los miembros de las juntas liquidadoras de los bancos extintos y de la Superintendencia de Bancos (SIB) para evitar ser indagados por la Contraloría.
Aunque el magistrado Solís prometió resolver estos recursos antes de que la CGR concluya su investigación, hasta ahora no han dictado sentencia.
La Fiscalía, por su parte, está realizando sus propias investigaciones sobre el mismo tema.
En tanto, el contralor Argüello Poessy negó que esta investigación se trate de una persecución política para los funcionarios involucrados y recomendó que si alguno de ellos cree eso, vaya a la Contraloría para aclarar lo que sea.
