El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia para el Comercio y el Desarrollo (USTDA, por sus siglas en inglés), entregó ayer 510 mil dólares en asistencia técnica a la Empresa Portuaria Nacional (EPN), para la elaboración de una ley nacional de puertos.
La iniciativa del proyecto de ley nació en el Gobierno anterior, del ex presidente Enrique Bolaños, pero nunca se concretó.
La donación se otorgó bajo la Iniciativa de Integración Comercial de la USTDA, en el marco del tratado comercial conocido como DR-Cafta, en vigencia para Nicaragua desde abril de 2006.
La iniciativa busca empujar y aprovechar las ventajas que ofrece el DR-Cafta para aumentar el intercambio comercial, lo cual se lograría en parte con un mayor aumento de la actividad portuaria.
El presidente ejecutivo de la EPN, Virgilio Silva, precisó que la ayuda financiera permitirá elaborar la iniciativa de ley “que es vital para la modernización de los puertos en el país”.
Silva destacó que, con la iniciativa en mención, esperan promover la inversión privada en el sistema portuario del país y lograr la rentabilidad de las terminales marítimas.
“Será la primera vez en la historia de Nicaragua que se contará con una ley (de esa naturaleza), que es de necesidad para ser competitivos”, reiteró tras agradecer el apoyo al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, que entregó los fondos ayer tras un acto en Managua.
REGLAS CLARAS Y ESTABLES
El embajador Trivelli manifestó “estamos apoyando la creación de una ley portuaria, porque la inversión extranjera sólo puede lograrse dentro de un clima legal estable, donde las reglas del juego son claras para los inversionistas extranjeros”.
Luego agregó “espero que la EPN aproveche este donativo y que se comprometa a crear confianza, (pues) la ley debe servir como un medio transparente, competitivo y abierto para promover la inversión privada en el Puerto de Corinto y en las otras instalaciones portuarias de Nicaragua”.
Al respecto Silva dijo que “consideramos que la ley va a definir el marco jurídico de las autoridades portuarias. Cualquier inversionista que tenga la buena intención de invertir en los puertos del país, de acuerdo a la ley, se le pueda dar en concesión (del puerto) o la participación mixta (con el Estado) para el desarrollo de los mismos”.
