La empresa Esso Standard de Nicaragua debe a la Dirección General de Ingresos (DGI) por lo menos 85 millones de córdobas por no pagar correctamente el Impuesto sobre la Renta (IR) y el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) a los combustibles, según confirmó el titular de esa institución, Walter Porras.
Según Porras, la Esso está pagando desde hace varios años el 25 por ciento del IR, cuando la ley establece que debe ser el 30 por ciento.
Aseguró que ellos le notificaron a la Esso esta deuda el martes por la tarde, y aclaró que no se trata de evasión de impuestos, sino que “es una anomalía” ya que no están pagando lo que deberían pagar según la ley.
Sin embargo, el especialista en legislación tributaria y ex viceministro de Finanzas, René Vallecillo, cuestionó el argumento de la DGI en este caso.
Vallecillo sostiene que la Esso al igual que otras empresas están amparadas por un contrato firmado con el Gobierno en 1991, a partir de la emisión de la Ley de Inversiones Extranjeras, Ley 127, que entre otras cosas establece la “realización de un contrato de inversión con las autoridades correspondientes. (El Estado representado por el Ministerio de Economía y Desarrollo como presidente del Comité de Inversiones Extranjeras)”.
Agrega que el pago del Impuesto sobre la Renta (IR) siempre ha sido del 30 por ciento y que en esa ocasión el contrato estableció el pago del 25 por ciento como parte del incentivo para promover la inversión extranjera. “En todo caso, si quieren cobrar el 30 por ciento deben anular el contrato y firmar otro”, afirmó Vallecillo.
Por otro lado, sobre el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), Vallecillo aseguró que es casi imposible que la Esso no haya enterado este impuesto, ya que la DGI lo recibe cada viernes. El ISC es el que paga cada consumidor por la compra de combustible en todas las estaciones de servicio. Sin embargo la Esso “es el único agente de retención del bien selectivo de consumo”, ella se lo cobra a las diferentes gasolineras del país y a las otras distribuidoras (Shell, Texaco, Petronic).
Porras alegó que la acción del Gobierno no es persecución a la Esso, ya que desde mayo de este año se hicieron las revisiones.
Según el titular de la DGI, el 16 de mayo se les hizo un requerimiento de información sobre los impuestos que pagan. La empresa les respondió el 26 de ese mismo mes, pidiendo la revisión fiscal in situ, es decir en la empresa. El 6 de junio, sostuvo Porras, enviaron dos auditores a la empresa a iniciar el trabajo de auditoría con la respectiva acreditación y el lunes recién pasado se les envió una notificación. “Ayer (martes) les notificamos a ellos que son en debernos una cantidad porque estuvieron efectuando una declaración incorrecta e ilegal”, puntualizó.
Por su parte el director general de Aduanas, Eddy Medrano Soto, rechazó que hayan caído a la empresa petrolera sin aviso previo, ya que se siguieron todos los procedimientos establecidos, pero la petrolera “no quiso acercarse a nosotros y pasamos el caso a la parte judicial”.
La acusación de Aduanas se basa en que la transnacional no declaró trece importaciones de petróleo, indicó Medrano, quien aclaró que efectivamente el petróleo está exento de pagar el impuesto, pero la empresa debe reportar esta importación. “Cualquier ciudadano que introduzca cualquier tipo de mercadería y no hace la declaración correspondiente, es ilegal”, dijo.
Vallecillo calificó de insólita la medida de Aduanas, ya que si la Esso no hizo la declaración de importación, lo que cabe es una medida administrativa o una multa.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, reiteró que el embargo se mantiene.
