Cientos de miles de inmigrantes legales en Estados Unidos, cuyas tarjetas de residencia o “greencards” no tienen fecha de expiración, podrían tener que pagar 370 dólares para reemplazarlas.
Una división del Departamento de Seguridad Interior propuso el miércoles hacer obligatorio que los residentes legales que posean esas tarjetas paguen una cuota de reemplazo de 290 dólares más 80 dólares por las huellas digitales electrónicas y una fotografía.
La oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía estima que el Gobierno de Estados Unidos emitió tarjetas sin fechas de expiración entre 1977 y 1989, a aproximadamente 750,000 inmigrantes con residencia legal permanente.
Las tarjetas de residencia son el documento de autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos. Los residentes legales deben portarlas en todo momento.
Bajo la propuesta, los residentes legales tendrían 120 días para cambiar sus tarjetas.
Si no solicitan un reemplazo, sus tarjetas se vencerían en una fecha a ser definida después. Una tarjeta vencida no invalidaría el estatus de un inmigrante como residente legal, pero le podría dificultar viajar o conseguir un trabajo nuevo.
Los residentes legales con tarjetas que necesiten reemplazarse no serían notificados individualmente, según la iniciativa.
El plan sigue en estudio, pero los residentes legales pueden empezar a solicitar un reemplazo ahora si lo desean.
Las autoridades argumentan que el Gobierno necesita volver a tomar las fotografías y las huellas digitales para asegurarse de que las tarjetas estén actualizadas y sean exactas.
“Es un asunto de seguridad”, afirmó Bill Wright, vocero de Servicios de Inmigración y Ciudadanía.
MADRE DEPORTADA LUCHARÁ POR SU HIJO Y EMIGRANTES
La activista Elvira Arellano, quien fue deportada a México el pasado domingo, afirmó ayer que busca crear las condiciones para traer pronto a su hijo a este país y que viva con ella.
“Espero que pronto él va a poder venir aquí para quedarse, voy a tratar de buscar una escuela que sea buena para él”, dijo la activista en una entrevista radial.
Arellano, quien se encuentra en la capital mexicana, busca el apoyo de senadores de este país para poder reunirse con su hijo Saúl, de 8 años, de quien ha quedado separada tras su deportación.
Mientras, la activista ya está tratando de organizar una marcha en México el próximo 12 de septiembre por los derechos de los mexicanos indocumentados que están en Estados Unidos.
Sobre su actual situación, explicó a la cadena mexicana que legalmente “no se puede hacer ya nada”, puesto que ha sido deportada y “castigada” por veinte años, pero que aún se puede hacer mucho por otras familias.
La mexicana Elvira Arellano vivió más de un año en el interior de una iglesia de Chicago, acción que la convirtió en un símbolo de la lucha para modificar las leyes de inmigración de Estados Unidos.