El presidente Daniel Ortega ha hecho de todo, para evitar que los fondos procedentes del petróleo venezolano pasen a formar parte del Presupuesto General de la República. Finalmente, el asesor económico presidencial, Bayardo Arce, informó que el Gobierno ya no recibirá el petróleo venezolano a 20 años de plazo —como se había dicho al principio— sino que lo pagará al contado. Al parecer, Nicaragua tendrá 90 días para pagar el monto de lo adeudado y el 50 por ciento de ese total pasará a Fondos Alba, de donde supuestamente saldrán recursos para financiar programas sociales del Gobierno. Según Arce, “el efecto es el mismo pero en vez de que entre como una deuda del país o de una empresa estatal, que no tienen que estar metido en el Presupuesto, se ideó este mecanismo”. Y agregó que el cambio se debió a “toda la discusión, la ignorancia que se demostró en este tema y por eso Venezuela decidió un mecanismo distinto”.

Anteriormente, el gobierno de Ortega había insistido en que los recursos del petróleo venezolano fueran manejados por Petronic. Pero cuando los diputados de oposición anunciaron reformas a la ley de régimen de esta empresa estatal, surgió la idea del pago al contado. Sin embargo, aunque Ortega encontrara el mecanismo para manejar discrecionalmente los fondos del petróleo venezolano, todavía tendría que superar el obstáculo de que Nicaragua carece de la infraestructura necesaria para almacenar ese combustible.

Según declaraciones de Bayardo Arce, el Gobierno tuvo pláticas con la Esso para que esta cooperara con la importación del petróleo venezolano, pero no hubo acuerdo porque según Arce dicha compañía está acostumbrada a ganancias desproporcionadas. En este contexto, la DGA “descubrió” la semana pasada que la Esso supuestamente adeuda impuestos al Estado por 54 millones de dólares y solicitó el embargo de un plantel de esa compañía en Corinto. Al respecto el portavoz de la Esso en Managua, Alfredo Fernández-Sívori, dijo que: “Esa deuda no existe porque sencillamente la importación de crudo está exenta del pago de impuestos aduaneros. Eso está establecido en la ley y siempre ha sido así”. Sin embargo, el martes de esta semana Arce acusó a la Esso de evasión de impuestos y falta de voluntad para “cooperar” en la solución del problema energético del país.

El embargo a la Esso ha causado alarma nacional e internacional, primero por el impacto negativo que tiene para el clima de negocios en Nicaragua; segundo por el miedo que se ha creado de que ese mismo mecanismo —de acusar por supuesta falta de pago de impuestos, embargar de manera secreta y ocupar violentamente la propiedad embargada— se vaya a usar contra otras empresas privadas, nacionales y extranjeras, a las que por el motivo que sea el Gobierno quiera someter o liquidar; tercero, porque la ocupación de la instalación de la Esso en Corinto ha creado el temor a un desabastecimiento de combustibles en los próximos días; y cuarto, por la sospecha de que se trata de un chantaje para obligar a dicha empresa a trasegar el petróleo venezolano bajo las condiciones impuestas por el Gobierno.

La juez ejecutora de la ocupación de las instalaciones de la Esso, dijo que “para ejecutar embargos y secuestros judiciales de bienes no es necesario notificar a la parte afectada”. Pero la ley tampoco lo prohíbe y dado que el bien embargado no es una simple pulpería sino una propiedad de la petrolera más grande del mundo; y puesto que la noticia de este hecho impactaría negativamente en la ya dañada imagen de Nicaragua, las autoridades gubernamentales debieron haber actuado con sensatez y transparencia; y debe hacerlo no sólo porque se trata de una empresa transnacional de Estados Unidos —que es el principal socio comercial de Nicaragua—, sino porque su obligación es actuar de manera limpia en todos los casos.

Así las cosas, para no seguir causando daño al clima de negocios en el país, ni alarmando a la población, el Gobierno debería devolver las instalaciones de la Esso mientras negocia con esta empresa un acuerdo de mutua conveniencia. La prioridad del Gobierno tiene que ser el interés nacional, no la satisfacción del capricho político ni de la pasión ideológica de nadie.