El presidente Daniel Ortega Saavedra parece aún no entrar en razón y continúa implementando la cultura del miedo, no sólo a la clase política opositora, a los disidentes de su partido, a quienes a lo interno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) critican su gestión y las decisiones de facto que toma doña Rosario Murillo, a los ciudadanos que no son sandinistas, sino también a la inversión nacional y extranjera.
Estoy claro que las leyes se deben respetar y si alguien las infringe, pues existen los procedimientos adecuados para hacerlas cumplir, lo que no puede ser es que a quienes se les pretenda aplicar la norma, se haga a sus espaldas dejándolo en total indefensión, o utilizando subterfugios legales para engañar a las personas naturales o jurídicas y quitarles sus propiedades, empresas, bodegas o lo que sea. Pero peor aún, que se actúe usando todo el poder de la ley a través de los juzgados sin tener la razón de su lado.
El gobierno de Ortega no abona a la estabilidad política y económica del país con decisiones bruscas, y más bien alimenta el resentimiento de los sectores antes mencionados. Un empresario se molesta cuando este tipo de decisiones lo afecta, pero también se resienten los empleados menores o funcionarios despedidos del Gobierno actual, como igual crean fuertes roces entre las bases sandinistas las decisiones arbitrarias de Ortega y Murillo. En fin, las molestias son generales.
Y ya lo vemos en los casos de propiedad que se ventilan con los inversionistas nacionales y extranjeros en las costas de Rivas, o con las presiones merecidas o no, que hay contra Unión Fenosa y ahora lo que está pasando con la transnacional petrolera Esso Standard Oil, a la que le embargan bienes en Corinto supuestamente porque la compañía adeuda impuestos a la Dirección General de Aduanas (DGA) sobre el crudo, no obstante, la Ley de Equidad Fiscal establece la exoneración para este rubro. ¿Realmente este es el fondo del asunto?
En medio de toda esta cultura del miedo que genera el gobierno del presidente Ortega, no he visto una posición fuerte del empresariado nicaragüense y más bien todo se lo dejan a los medios de comunicación. Esto no es así, el problema es de todos. No he visto esas gigantescas marchas de miles de personas que antes que ganara las elecciones el partido sandinista, impulsaban el Movimiento por Nicaragua (MpN), la Coordinadora Civil, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), o el Partido Conservador (PC), que protestaban contra el pacto libero-sandinista. ¿Y ahora dónde están?
Y como si fuera poco, doña Rosario Murillo ha impulsado con ahínco los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) para tener un efectivo control territorial y político de lo que se mueve en Nicaragua.
También sumemos que el Poder Judicial mayoritariamente está en manos del FSLN, además de tener en sus manos a la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua (por mandato constitucional, según el artículo 144), la Fiscalía General de la República (con la fiscal adjunta y el inspector general sandinistas) y hasta el Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
