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Noticias >> Nacionales
El proyecto Arenas Bay, de Tola, podría continuar si los inversionistas logran alcanzar acuerdos con el Marena. (LA PRENSA/ Archivo)
Suavizan sanción a Arenas Bay
Marena resolvió anular cierre definitivo del proyecto e impuso sanción de cierre temporal
Carlos Martínez Morán y Noelia Sánchez Ricarte
nacionales@laprensa.com.ni
Pendiente el conflicto por tierra

Cuando el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) decidió cancelar Arenas Bay, consideró importante el hecho de que el proyecto continuó con sus actividades sin antes obtener el permiso ambiental.

Pero con la nueva resolución es probable que en un corto plazo se reinicien las actividades en ese proyecto.

No obstante, no se sabe con precisión si también habrá una oportunidad de solución en el conflicto que tiene la sociedad San Cristóbal con los supuestos cooperados que tienen en posesión una parte de la propiedad donde se desarrolla el proyecto turístico.

Se conoció que en los próximos días la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga el caso de Arenas Bay entregará un informe al plenario de ese Poder del Estado.

En ese informe se señalan algunas presunciones que deberán ser investigadas por el Ministerio Público.

Además, se sugieren algunas recomendaciones que podrían facilitar a corto plazo una salida al conflicto de tierra que existe en el proyecto Arenas Bay.

El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) de Rivas, dejó sin efecto la resolución administrativa en la que mandaba a cancelar de manera irrevocable el proyecto turístico Arenas Bay, ubicado en Tola, por supuesto incumplimiento de una serie de disposiciones ambientales, anunció el delegado de la entidad, Mario Rodríguez.

Ahora la institución resolvió dejar el proyecto suspendido, pero de manera temporal, dejando con esto una puerta abierta para una posible negociación con los inversionistas del proyecto turístico afectado.

El Marena decidió revocar su decisión después de analizar un recurso de revisión que fue introducido por los abogados del proyecto Arenas Bay, el pasado 17 de julio.

En ese escrito los juristas expusieron, entre otros alegatos, que la institución había aplicado los extremos de la ley, al decretar un cierre definitivo.

La nueva resolución del Marena, que fue notificada ayer, reforma la anterior resolución (donde se ordena el cierre definitivo) tomada el pasado 19 de junio, en lo concerniente a los primeros puntos de la resolución.

“Se decreta suspensión temporal para la ejecución del proyecto Arenas Bay, propiedad de Inversiones San Cristóbal Sociedad Anónima”, indica parte de la resolución reformada.

Agrega que “Inversiones San Cristóbal, S.A., deberá presentar el estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto Arenas Bay y cumplir con los plazos y el procedimiento administrativo para el trámite ambiental, de conformidad a la legislación ambiental vigente”.

CAUTELA

Tratamos de conocer la opinión de los inversionistas del proyecto turístico sobre la disposición del Marena, pero éstos dijeron que aún no están muy claros del contenido de esa resolución.

A través de su asistente, Gail D. Geerling, accionista del proyecto, respondió que antes de brindar algún criterio al respecto, prefería reunirse primero con sus abogados para analizar los términos de la resolución del Marena.

También señaló que los accionistas de Arenas Bay estarían dispuestos el día de mañana a brindar cualquier tipo de información relacionada con el caso, una vez que estén claros de la nueva situación.

Llamamos al procurador Hernán Estrada Santamaría a su teléfono móvil, para conocer el papel que desempeñaría la Procuraduría General de la República (PGR) en el nuevo escenario que se presenta como efecto de la disposición del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales en Rivas, pero éste no respondió.

INVESTIGACIÓN

Con esta nueva resolución el Marena cambia su decisión de suspender definitivamente el proyecto Arenas Bay, resolución que fue tomada días después que Armel González Muhs (socio del proyecto) denunciara la supuesta extorsión que le intentó realizar el ex diputado sandinista Gerardo Miranda.

Este le habría pedido cuatro millones de dólares a cambio de solucionar el conflicto que la sociedad San Cristóbal mantiene con un grupo de supuestos cooperados que invadieron una parte de la propiedad donde se desarrolla el proyecto turístico.

La denuncia de la extorsión sigue bajo investigación en el Ministerio Público y en la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que fue conformada para este caso.

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