Varios equipos de técnicos y asesores legales del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) viajaron hoy a Chinandega con la intención de ingresar a las instalaciones del Plantel Uno de la Esso Standard Oil en Corinto y verificar que la intervención solicitada por la Dirección General de Aduanas (DGA) no afecte el abastecimiento de combustible.
El presidente del Consejo Directivo del INE, David Castillo Sánchez, informó que ahora que ya se conoció que la juez Socorro Toruño, del Juzgado Segundo Civil y Laboral de Chinandega, fue la procedió en la intervención de los planteles de la trasnacional petrolera, pues le solicitarán su respaldo para que se permita el ingreso de los técnicos del ente regulador de los hidrocarburos.
“El motivo del viaje es que queremos constatar que el desabastecimiento de combustible no va a ser afectado por la situación judicial con la Esso. También que las personas que se encuentran en el plantel estén tomando todas las medidas de seguridad y protección ambiental necesarios en un plantel como ese”, señaló.
El responsable de Relaciones Públicas a nivel internacional de la Esso, Alfredo Fernández, advirtió ayer que hay personas armadas en las instalaciones de la compañía ubicadas en Corinto, que están haciendo “trabajos” en una parte de la planta.
“Tenemos en ese sentido una gran preocupación porque esa es una planta de combustibles, (y) es importante que lo que se esté haciendo en esa terminal lo esté haciendo gente que sepa, y nadie nos está diciendo que la gente que está allí (en las instalaciones) son gente que sepa (sobre el manejo de las sustancias que concentra), por lo cual eso nos esta preocupando muchísimo, pues hay una población alrededor de esa planta”, dijo en declaraciones a LA PRENSA.
La intervención se ejecutó el pasado viernes a las 5:00 p.m. En la intervención participaron dos agentes de la delegación policial de Corinto. El operativo fue llevado a cabo sin ningún incidente violento.
El embargo solicitado por la DGA es por 54 millones de córdobas que la transnacional adeuda al estado. La juez Socorro Toruño nombró como interventor para este caso al gerente de la Dirección de Aduanas en Puerto Corinto, Roberto Zepeda.
