La Alcaldía de Managua estima que al menos la mitad de las propiedades en la ciudad están siendo ocupada de manera ilegal.
El alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, dijo que la situación de la propiedad en la ciudad es “seria”, por lo cual se está agilizando el proceso de legalización, en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, la comuna no sólo está limitada por los recursos económicos, sino que de acuerdo a lo establecido en la Ley 309, Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación de Asentamientos Humanos, las alcaldías sólo deben ocuparse de las propiedades ubicadas en asentamientos creados entre 1990 y 1998.
De esa forma, la Alcaldía de Managua es la responsable de agilizar el proceso de legalización de unas 42 mil propiedades, ocupadas por igual número de familias y ubicadas en poco más de 400 asentamientos humanos. El resto del trabajo debe ser asumido por el Gobierno central.
A la fecha, el Programa de Titulación de la Alcaldía de Managua ha legalizado a poco más de doce mil familias, una cifra positiva para los habitantes beneficiados, pero que desafortunadamente podría quedarse corta con la meta hecha pública por Marenco: legalizar unas veinte mil propiedades al finalizar el año.
Las confusiones sobre los muchos dueños que pueda tener una sola parcela son parte de los atrasos en el proceso de legalización.
LOS ILEGALES
El problema de la legalización de propiedades en Managua es serio, y hasta fue tema de campaña municipal.
De acuerdo al alcalde capitalino, más de la mitad de la ciudad está ilegal, lo cual daría como resultado que la mitad de 179 mil 127 viviendas ocupadas en Managua, de acuerdo al censo del 2005, estén al margen de la ley.
La vivienda de Jeaneth Esquivel está en esa categoría de ilegal.
Esquivel, una humilde profesora de primaria en la escuela pública de Chiquilistagua, tiene unos veinte años de vivir en esa vivienda, ubicada en el kilómetro 13.5 de la Carretera a León. Sin embargo, la propiedad no está inscrita a nombre de ninguno de los cinco miembros de su familia.
“Hace como dos años (funcionarios de la Alcaldía de Managua) llegaron a medir, tenemos los planos y todo, pero no hay respuesta con la legalización”, dijo la señora.
La inseguridad jurídica también fue la causa de que unos supuestos dueños intentaran sacarla de la que hasta ahora ha considerado su propiedad.
ESPERA APOYO
“Por suerte”, dice ella, recibió el apoyo de las autoridades municipales, quienes confirmaron que la propiedad en conflicto es área comunal y, por lo tanto, puede continuar su estadía, aunque sin documentos legales.
La profesora es una de los muchos capitalinos que considera que su apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante la campaña presidencial, debe ser un punto a su favor en la agilización de la legalización de su propiedad.
“Tengo fe de que por ser sandinista nos resolverán rápido. Hemos apoyado organizada y económicamente en todas las campañas, y creo que es tiempo de que se nos ayude”, declaró la señora, mientras se preparaba para escribirle una carta de solicitud de ayuda en la legalización, a Primitivo Rodríguez, delegado municipal del Distrito Tres.
UN LARGO PROCESO DE LEGALIZACIÓN
A pesar de la delimitación de responsabilidades para la Alcaldía, el proceso para alcanzar la meta de legalizar los asentamientos es largo y engorroso.
Orlando Baca, subdirector de la Oficina de Titulación de la Alcaldía de Managua, comentó durante el proceso de legalización de Tierra Prometida, que hay asentamientos donde existen hasta tres propietarios.
“Cuando entramos en algunos procesos para legalizar las propiedades, nos damos cuenta de que hay cooperativas propietarias, luego sale un dueño específico, pero el que quiere legalizar es otro. Sanear la zona (jurídicamente) es un trabajo bastante complicado”, dijo Baca en su momento.
En otras ocasiones, las propiedades están a nombre del Gobierno central, y para legalizar los asentamientos, los lotes deben ser traspasados a la comuna. Esa es la situación de nueve zonas de asentamientos, indicó Rosemary Téllez Orozco, directora del Programa de Titulación de la Alcaldía de Managua.
“El proceso de legalización es bastante complicado, porque hay muchos requisitos que cumplir por mejor orden y porque así lo manda la ley. Por eso, trabajamos paquetes a veces hasta con dos años de anticipación, para llevar todo en orden”, declaró Téllez Orozco.
LOS FELIZMENTE LEGALES
Fueron casi veinte años de sufrimiento e inseguridad.
“Nos van a echar una pala mecánica, y si nos sacan, qué vamos a hacer”, eran las primeras ideas que le venían cada mañana a doña Martha García, la matrona de un hogar donde viven cuatro familias en una casa, que hasta hace algunos meses figuraba entre las propiedades ilegales de Managua.
Villa Holanda, un pequeño barrio capitalino de no más de cincuenta familias, fue el escenario del sufrimiento de doña Martha. Ahí se ubica su humilde vivienda, la misma que por suerte, gestiones, demandas y principalmente por los beneficios del Plan de Legalización de la Propiedad en los asentamientos humanos espontáneos de Managua, es de su propiedad.
TODO UN CALVARIO
La familia de esta señora, en la que se cuentan siete nietos menores de edad y cuatro hijas adultas, esperaron 17 años y hasta fueron víctimas de estafas por vecinos de la zona, para finalmente ser propietarios de la casa que han conocido como hogar.
La historia de doña Julia Castro es similar a la de García.
Doña Julia ha vivido con sus siete hijos en una casita que por 24 años no fue de su propiedad. La suerte le cambió hace algunas semanas, cuando su propiedad ubicada en el barrio Carlos Marx, entró en el paquete de legalización.
“Después de tantos sacrificios y de tantas luchas, vamos a recibir la escritura legal de la casa donde vivimos”, dijo la señora de 57 años.
Luego de recibir la escritura pública, emitida por la comuna, los beneficiados deben inscribir el documento ante el Registro Público de la Propiedad.
La Ley 309, Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación de Asentamientos Humanos, que manda a los gobiernos locales en su artículo 28 a ordenar y legalizar los asentamientos humanos creados entre los años 90 y el 98, fue el mecanismo utilizado para legalizar la propiedad de las familias antes mencionadas, y de acuerdo al plan municipal, se pretende beneficiar a otras familias en situación similar.
MILES DE ILEGALES
De acuerdo a los datos oficiales actualizados por la comuna, unas 42 mil familias en 240 asentamientos viven en terrenos de forma ilegal y entran a la categoría de propiedades que pueden ser beneficiadas con lo estipulado por la Ley 309. El resto de las propiedades ilegales en los asentamientos debería ser asumido por el Gobierno central.
Desde el 2001, el plan de legalización municipal ha favorecido a poco más de doce mil familias de los cinco distritos capitalinos, y aunque el trabajo se ha agilizado de acuerdo a las autoridades municipales, todo indica que no se cumplirá la meta de legalizar unos veinte mil lotes en la capital al finalizar el año, tal como prometió hace algunos meses el alcalde capitalino, Dionisio Marenco.
LA VENTA Y LOS IMPUESTOS DE LOS LEGALIZADOS
La Ley de Asentamientos Humanos especifica que los beneficiados con las escrituras públicas entregadas a los pobladores por la comuna, no pueden vender sus propiedades.
NO PUEDEN VENDER PROPIEDADES
“Los documentos extendidos en contravención a lo aquí dispuesto (proceso de legalización) serán nulos y no transmitirán derecho alguno a terceros”, dice el artículo 25 de la Ley de Asentamientos Humanos.
La medida pretende evitar el tráfico de tierras y el desorden de la propiedad. Sin embargo, aun no se aplica ninguna metodología que garantice lo establecido en la ley.
“Cada poblador, cuando tiene su escritura, tiene la responsabilidad de no vender su propiedad, pero eso es compromiso de los beneficiados”, dijo Rosemary Téllez Orozco, directora del Programa de Titulación de la Alcaldía de Managua.
Los beneficiados con las escrituras públicas en los asentamientos también tienen la responsabilidad de pagar el respectivo Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
DEBEN PAGAR IBI
“Una vez que ya son legales, tienen el deber de pagar el IBI y todos los impuestos como ciudadanos”, explicó Téllez Orozco.
Hasta la fecha, la comuna legaliza de manera más ágil los lotes que tienen una extensión máxima de 200 metros cuadrados. Sin embargo, si los lotes son mayores o menores, la propuesta se pasa al Concejo municipal para que se tome en consideración y se apruebe la legalización de un terreno mayor o menor al que se pretende legalizar.
LOS BENEFICIOS DE LA TIERRA
Con sólo iniciar el proceso de legalización de un terreno, la familia obtiene beneficios.
De acuerdo a la Ley 309, las personas que inician con los requisitos para legalizar su propiedad, a pesar de que la comuna tenga pendiente el pago de lotes en caso de indemnización, no pueden ser objeto de embargo por terceras personas ni podrán ser enajenados, objeto de cesión de derechos, subarrendados y estarán exentos del pago de IBI.
Esa misma garantía también protege a los dueños legales de la propiedad, y que se encuentren en negociaciones para ceder la tierra.
VIENEN OTROS BENEFICIOS
El artículo 32 de la Ley de Asentamientos, estipula que una vez concluido el plan especial de ordenamiento en los asentamientos municipales, se impulsará un plan de desarrollo humano que contemple beneficios directos para los asentamientos legalizados.
Proyectos como el mejoramiento o construcción de viviendas, construcción de centros de salud y acceso a servicios básicos, forman parte de ese plan de desarrollo humano, de acuerdo a la misma ley.
La construcción o mejoramiento de parques y otras facilidades para el deporte y la cultura, también está contemplado.
“Si no se está legal, entonces no se puede meter el agua, entonces no hay salud, no entran ambulancias ni ningún otro vehículo ni nada”, dijo Marenco, quien ha sido categórico al explicar que el ordenamiento y titulación de los asentamientos es el primer paso para la ejecución de proyectos.
Precisamente, la directora del Programa de titulación de la Alcaldía de Managua aseguró que esa oficina trabaja en conjunto con la Dirección de Proyectos de la comuna.
Los delegados de cada Distrito y la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo también trabajan en un plan para promover proyectos en las áreas legalizadas y con mayores necesidades identificadas.
