El último y único recurso que queda, para salvar la diputación del parlamentario Alejandro Bolaños Davis que le ha sido arrebatada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), es someter a consideración del plenario de la Asamblea Nacional la resolución de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la arbitraria decisión del CSE. No se trata de buscar una solución jurídica del problema, porque esta ya no existe, sino de resolverlo políticamente.

Para algunos juristas, después de la resolución de la Corte ya no hay nada que hacer en este caso, porque las resoluciones judiciales se cumplen obligatoriamente. Y al respecto citan el artículo 167 de la Constitución Política de la República que literalmente dice lo siguiente: “Arto. 167. Los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”.

Pero el contenido de este artículo constitucional no debe verse ni puede aplicarse en forma aislada de otras disposiciones de la misma Constitución. El poder de magistrados no es absoluto ni ilimitado. Por ejemplo, ellos no pueden sentenciar a muerte a nadie, ni quitarle su libertad o confiscarle su propiedad a alguien porque así se les antoja. Y si lo hicieran, nadie estaría obligado a acatar su decisión sólo porque el antes mencionado artículo constitucional dice que los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento. En realidad, el contenido del artículo 167 de la Constitución está vinculado de manera indisoluble y armoniosa con otros artículos constitucionales, como por ejemplo el 160 que garantiza el principio de legalidad en la administración de justicia; y el 165 que manda a los magistrados y jueces a regirse, “entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa”.

En el caso del despojo de la diputación del señor Bolaños Davis, está absolutamente claro, primero, que el Consejo Supremo Electoral se arrogó una potestad que no tiene (como es la de revocar el mandato de un diputado) y por lo tanto atropelló el artículo 183 de la Constitución, en el que se dice que: “Ningún Poder del Estado, organismo de Gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”. Y segundo, al confirmar esa arbitraria decisión del Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia no respetó las garantías del debido proceso señaladas por la Constitución y ni siquiera reconoció el derecho a la defensa del diputado Bolaños Davis.

De manera que la Asamblea Nacional tiene no sólo derecho sino también obligación de discutir la resolución de la Corte que avaló la arbitrariedad del CSE, y de rechazarla si así lo dispusiera la mayoría de los diputados. Además, los diputados democráticos —incluyendo a los del PLC— deben rechazar esa resolución de la Corte no sólo para defender a su colega, sino también para protegerse ellos mismos. En realidad, si los diputados aceptaran el fallo de la Corte reconocerían que el CSE es un poder absoluto y aceptarían también el peligroso precedente de que éste puede revocar el mandato de los diputados por el motivo que sea.

“La pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano”, escribió Voltaire (Francois Marie Arouet, 1694-1778). Por la pasión de dominar —agregamos nosotros— es que se han establecido poderes absolutistas, dictaduras criminales y tiranías totalitarias que han aplastado a la persona humana y han esclavizado a naciones enteras. Pero también hay que decir que esto sólo ha sido posible cuando la gente lo ha permitido y tolerado, cuando al poder abusivo no se le ha opuesto el poder legítimo de la resistencia.

Y en este caso del despojo del mandato popular del diputado Alejandro Bolaños Davis —que es también, repetimos, una ominosa advertencia contra cualquier otro legislador de que en cualquier momento le podrían hacer lo mismo—, el poder de los diputados democráticos en la Asamblea Nacional es lo único que puede contener el poder arbitrario y abusivo de las otras instituciones del Estado que están sometidas a la enfermiza pasión por el poder de los caudillos Ortega y Alemán.