El organismo Ética y Transparencia (ET) fijó una posición sobre la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), los cuales no deben sustituir a las autoridades electas en procesos electorales como los concejos municipales y alcaldes, según afirmó el presidente de ET, Pablo Ayón.

El directivo de la organización señaló además la necesidad de una reforma electoral para fortalecer la democracia nicaragüense, disminuir el costo de los procesos electorales y transparentar el financiamiento a los partidos políticos en las campañas electorales.

Además Ética y Transparencia propuso que se aprovechen los comicios municipales del próximo año para realizar un referendo en el que se decida si entran o no en vigencia las reformas electorales del 2005, suspendidas por la llamada Ley Marco.

LOS CPC

Sobre los CPC, Ayón dijo que los consejos de diferente naturaleza pueden trabajar y expresarse, pero no deben estar ligados al Gobierno porque financieramente este último alimentaría a esos grupos de ciudadanos organizados.

“Esos consejos tienen derecho a existir, pero no tienen derecho a participar como elementos del Gobierno. El principal temor nuestro es que se formen grupos que vayan a impedir la libre expresión de los ciudadanos, como ya pasó en el pasado. También creemos que es peligroso que, de manera indirecta, se esté soportando económicamente para darle apoyo a un grupo político, contra otro grupo”, precisó Ayón.

Mientras tanto el director ejecutivo del organismo, Roberto Courtney, dijo que “la organización y participación espontánea no puede ser superior a las autoridades electas por voto formal”.

REFORMA ELECTORAL

Ambos miembros de ET dijeron que para cumplir con las promesas de campaña electoral de darle mayor poder y control a la ciudadanía sobre las autoridades delegadas y la cosa pública, y superar los defectos de la legislación vigente, se deben hacer “profundas reformas electorales” en tres grandes áreas.

En primer lugar, señala ET, es necesario el establecimiento, por ley, de elecciones primarias en los partidos políticos para todos los cargos de elección popular, así como sustituir la elección en plancha de los diputados, por una elección por listas abiertas y una distribución territorial más estrecha, es decir por circunscripciones electorales más pequeñas.

El organismo también propuso que en esa reforma se debe prohibir el financiamiento externo a las campañas electorales de los partidos políticos.

También cuestiona el alto costo de las elecciones en Nicaragua, las cuales, según Transparencia, equivalen a más de la mitad de lo que el país destina presupuestariamente a la educación primaria.