La auditoría que la Contraloría General de la República (CGR) realiza sobre la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni) no incluyó al ex presidente Arnoldo Alemán pese a que este fue quien los decretó. La explicación del contralor Lino Hernández es que en este caso, opera la caducidad o prescripción porque ya han transcurrido más de cinco años.

“Están caducas esas situaciones. Pero muchachos, ¿cómo les hago entender que eso es lo que dice la ley, no es lo que digo yo, ni es mi interpretación?”, declaró Hernández.

La Dirección de Auditoría de la CGR está a punto de finalizar la auditoría que hasta este momento consta de tres informes, uno correspondiente a cada etapa de los Ceni, según la explicación del Contralor, quien también señaló que ningún contralor ha leído los informes.

Hernández dijo que un noventa por ciento de los funcionarios investigados en este caso no son políticos y el restante diez por ciento que sí está involucrado, ha utilizado el caso para levantar polvareda.

“No estamos persiguiendo a nadie. No vamos a sacar una resolución si no es con evidencias suficientes, pertinentes y competentes como lo señala la ley o las normas gubernamentales de auditoría. En cualquier caso que saquemos responsabilidades debe haber evidencias”, apuntó.

Los informes mencionados están en manos de un equipo técnico de la CGR y cuando esté listo pasará a manos del Consejo Superior.

“Estamos haciendo un trabajo eminentemente técnico”, insistió. “Lo que pasa es que los Ceni son algo serio que han implicado 500 millones de dólares a la deuda interna de Nicaragua y según nos han dicho los que están trabajando, hay un perjuicio económico para el Estado, aparte del que causaron los que quebraron los bancos y si hay un perjuicio económico aparte, debe haber responsabilidades y eso se va a ver en su momento”, declaró el contralor Hernández.

Además se pronunció a favor de la caducidad del caso para el ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) Noel Ramírez, porque según él la ley es clara y señala que la CGR no se puede pronunciar sobre situaciones que tienen más de cinco años de haber ocurrido.

“No es cuestión de Noel Ramírez, no es cuestión de cualquier otra persona, es cuestión de la Ley”, señaló Hernández, luego de puntualizar que Ramírez salió del Gobierno en enero de 2002, por tanto su caso ya prescribió.

Consideró que de no aplicar la caducidad estarían fallando contra ley expresa y serían objeto de sanciones.

La opinión de Hernández se contrapone a la de sus homólogos Guillermo Argüello Poessy y Luis Ángel Montenegro, quienes consideran que el caso no ha caducado porque la prescripción se suspende una vez que inician los procesos de investigación.

En este sentido, Hernández consideró que esta no es la postura de la ley orgánica y recordó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dictada en el 2004 donde les ordena evitar pronunciarse cuando han pasado cinco años.