SEGURIDAD EN COSTA RICA

Criminalidad aumentó 121%

Costa Rica dará un giro en algunas de sus políticas de seguridad ciudadana para brindar mayor énfasis a la prevención sobre la represión en temas como las pandillas juveniles, explicó la vicepresidenta y Ministra de Justicia, Laura Chinchilla.

La ministra reconoció en rueda de prensa el jueves que Costa Rica se ha convertido en “un país con miedo”, debido a un incremento en la tasa de criminalidad de un 121 por ciento entre 1990 y el 2005 y estadísticas que muestran, por ejemplo, cómo un 72 por ciento de los costarricenses tienen temor de ser asaltados mientras caminan.

Las soluciones hasta ahora se han enfocado en incrementar las penas de prisión —como la máxima de 25 a 50 años—, tipificar nuevos delitos y aumentar la población penal.

Sin embargo, “la situación no ha mejorado —aseguró Chinchilla— por lo que hemos decidido ser más duros con las causas de la violencia a través de la prevención con una unificación de programas ya existentes y la creación de otros, uno de los más importantes es con pandillas juveniles”. La ministra dio a conocer datos de un estudio elaborado para el ministerio donde se reseña la existencia de unas 25 pandillas con alrededor de 350 miembros, algunas de ellas relacionadas además con las llamadas barras de equipos de futbol. AP

REPRESIÓN EN EL CONO SUR

Exigen que Lula abra archivos secretos de la dictadura

Defensores de los derechos humanos de Brasil, Chile y Uruguay exigieron el jueves la apertura de los archivos secretos de la dictadura brasileña (1964-1986), convencidos de que guardan información sobre violaciones y abusos en todo el Cono Sur.

Los archivos de la dictadura, que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se había comprometido a hacer públicos, siguen siendo hoy un secreto y no han podido ser abiertos pese a que una comisión especial de la Presidencia trabajó durante meses en eso. EFE

ESCÁNDALO DEL MALETÍN

Abogado desiste de defensa

El abogado Héctor Vidal Albarracín informó el jueves que desistió de asumir la defensa, ante la justicia argentina, del empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, implicado en el ingreso no declarado de 800,000 dólares. El abogado explicó que desistió defenderlo por no haberse cumplido “requisitos exigidos” para hacerlo. Una juez emitió ayer una orden internacional de captura contra Antonini. AP