El polémico ex Alcalde de Granada, Álvaro Chamorro Mora, se escudó en un recurso de amparo que fue aceptado por el Poder Judicial, cuyo fin es evadir una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que le atribuyó presunciones de responsabilidades penales, por haber causado daños económicos a la comuna que superan los cuatro millones de córdobas.

Chamorro Mora recurrió de amparo contra el Consejo Superior de la Contraloría, que el 9 de agosto pasado aprobó por unanimidad aplicar sanciones al ex alcalde por malos manejos de los fondos municipales y además remitió el caso a los tribunales penales.

No obstante, la auditoría no podrá seguir su curso normal, debido a que el recurso de amparo admitido por el Poder Judicial también impide a los contralores continuar el trámite de la auditoría y por ende pasar el caso a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que lo acusen.

Las investigaciones de la Contraloría concluyeron que Chamorro Mora causó un daño patrimonial, de manera intencional, por cuatro millones 164 mil córdobas.

El contralor Lino Hernández Trigueros, vicepresidente del Consejo de Contralores, informó ayer que el recurso de amparo del ex funcionario fue presentado el jueves pasado, cuando la Contraloría todavía no había emitido la resolución.

Según el contralor, Chamorro Mora se basó en las publicaciones periodísticas que informaban sobre la pronta emisión de la auditoría en su contra, para recurrir de amparo.

“Todavía no habíamos emitido (la auditoría), sin embargo, el Tribunal lo amparó”, declaró el contralor Hernández.

“Dilatamos más en preparar la resolución que él en ampararse”, lamentó.

Uno de los hallazgos de la auditoría es que el ex alcalde Chamorro habría causado pérdidas al erario público de 1.7 millones de córdobas, correspondientes a las retenciones obrero-patronal que no fueron enteradas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pese a que fueron deducidas del salario de los empleados.

Otros 2.3 millones de córdobas que correspondían a los fondos destinados para proyectos de inversión social y que según las investigaciones fueron empleados para gastos operativos de los que se desconoce su utilización.

En tanto, el contralor Hernández apuntó que ésta es una “jugada”, típica de los funcionarios objeto de investigación, con la cual logran evadir responder por los daños al erario público.

Consideró necesario reformar la Ley Orgánica de la Contraloría, para evitar que los servidores públicos puedan cobijarse en los recursos de amparo.