En la zona montañosa de Nueva Guinea están sepultados los restos de entre 25 y 30 personas, quienes habrían sido asesinadas en fechas no establecidas, por el autodenominado “Grupo Justiciero”.
Así lo denunció el fiscal de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), Gerardo Suárez, quien no entró en detalles sobre esta agrupación ni de la zona donde se presume están enterrados los cadáveres.
En la Policía de Nueva Guinea y El Rama (delegación a cargo de la primera) no hubo quién comentara estas declaraciones.
LA PRENSA trató de conversar telefónicamente con el capitán Román Benítez, vocero de ambas delegaciones, pero su asistente dijo que hasta el día de hoy estaría en su oficina de El Rama.
El fiscal Suárez dijo que las exhumaciones están pendientes en un operativo en el cual deberá participar junto a la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal.
“No hay fecha, pero sí está pendiente una exhumación porque hay varios cadáveres enterrados de esta banda. No tengo fecha ni puedo adelantar más de eso, pero será pronto”, sostuvo.
En los últimos cinco meses fueron asesinados Diya Villanueva Delgadillo y Gilberto Artola, padres de varios detenidos por abigeato, quienes en febrero pasado denunciaron torturas al momento de su captura.
Sobre los dos últimos crímenes registrados en Nueva Guinea, el fiscal de la RAAS indicó que para el Ministerio Público ha representado “un problemita”, pues la población se niega a aportar elementos probatorios en contra de lo que consideran una “banda” dedicada a combatir a los que incurren en el delito de abigeato.
“GRUPOS DE EXTERMINIO”
El pasado 22 de marzo, a raíz del asesinato de Villanueva, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que en la zona existían bandas armadas que eran responsables de al menos 60 muertes y señaló a la Policía de tolerarlas.
“En Nueva Guinea existen escuadrones de la muerte señores policías y ustedes tienen que ponerle fin a esta situación de inmediato”, denunció en ese momento el presidente ejecutivo del Cenidh, Bayardo Izabá.
APOYO DE LA POBLACIÓN
Según Suárez, la población se niega a cooperar con ellos debido a que consideran que esa agrupación “es la que ha llegado a sembrar la paz a través de muerte”.
“Esa famosa banda de los ‘Justicieros’ son básicamente personas que se dedican a matar a todo sujeto que delinque y están siendo apoyados por ciertas personas en Nueva Guinea”, manifestó Suárez.
Por su parte, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, consideró que la Policía debe revisarse no sólo a lo interno de la institución, sino sus relaciones con lo que llamó “grupos de amigos”, de los cuales indicó “no se sabe dónde está la frontera entre la persona que defiende sus derechos de supuestos abigeos y el compromiso con la comunidad”.
Núñez consideró que esto es algo serio, pues el problema principal en Nueva Guinea es el delito de abigeato y los ganaderos son al mismo tiempo miembros del Comité de Prevención del Delito y de Grupos de Amigos de la Policía.
“La Policía tiene la responsabilidad de revisar sus vínculos, porque hay vínculos que pueden ayudar o perjudicar”, sostuvo Núñez.
La presidenta del Cenidh manifestó que el reto de la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, es hacer los cambios dentro de las estructuras policiales en Nueva Guinea, pues estima que no es conveniente tener mucho tiempo a los uniformados en un sitio, debido a que establecen vínculos muy cercanos con la población.
El fiscal Suárez manifestó que como representante de la víctima, esa institución defenderá que lo primordial es que se debe preservar la vida humana, pues para esa institución “no es más importante una vaca que un ser humano”.
Según Suárez, esta situación se origina también por vendettas entre familias.
