La destitución de varios funcionarios del Poder Judicial y la investigación de otros por supuestos nexos con grupos delictivos donde se pone de manifiesto el tráfico de influencias, evidencia una vez más la vulnerabilidad de una institución ante los embates de los intereses políticos y las desviaciones de poder, y como consecuencia, se derivan graves problemas como son la falta de independencia de funcionarios del sistema judicial y sus efectos en los usuarios del mismo.

Si bien es cierto, el problema de la corrupción no sólo afecta al sistema de justicia, sino que a otras instituciones; la incidencia que tiene en la primera, perturba el funcionamiento del Estado, debilita la lucha contra la corrupción y afecta la credibilidad, lesionando la seguridad jurídica, aumenta el “riesgo país” y reduce la inversión nacional y extranjera, disminuyendo los programas por combatir la pobreza.

Debemos reconocer los esfuerzos, tanto de la Policía Nacional, en el combate al narcotráfico, y la denuncia de la vinculación de diversos funcionarios en este tipo de delitos; así como también el intento de la Corte Suprema de Justicia de depurar sus dependencias, la creación de una unidad anticorrupción en la Procuraduría General de la República, y sin duda alguna el papel de los medios de comunicación, en la denuncia constante de los casos de corrupción que se producen en todos los niveles.

Esto naturalmente, debe contar con el respaldo de la sociedad civil y en especial del Poder Judicial, sobre todo en la aplicación de la Ley de Carrera Judicial y la necesidad de profesionalizar y especializar aún más a sus funcionarios, incorporando a los mejores para fortalecer la independencia d y la institucionalidad .

Por esta razón constituye un significativo aporte, la jornada que en “Pro de la Independencia Judicial y la Confianza en la Justicia”, tiene lugar en Managua promovida por el Grupo Pro Justicia, la Comisión Nacional de Facultades de Derecho (Conader) y el Programa Estado de Derecho de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Temas como los principios internacionales de la independencia de jueces, abogados y fiscales; los derechos de los usuarios del sistema de justicia; los aportes de la sociedad civil en el mejoramiento de la administración de justicia, el nuevo Código Penal y el papel de los medios de comunicación en el establecimiento del Estado de Derecho, estarán a cargo de expositores tanto nacionales como internacionales, quienes debatirán durante una semana, en diversos escenarios académicos, con el objeto de crear vías de acción para que la población incida directamente en el proceso de independencia y de modernización de la administración de justicia.

Debemos estar plenamente convencidos de que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho, y la falta de la misma impide el acceso a un servicio imparcial y de calidad, lesiona los derechos humanos, promueve la corrupción y vulnera los principios éticos del desempeño de los cargos, de tal manera que los resultados de esta jornada constituyen un valioso aporte para superar los escollos de lograr un sistema judicial sin ataduras, sin intereses políticos y económicos, y comprometidos con el respeto a la Constitución y a las leyes.