Ha pasado un mes desde que inversionistas de la Sociedad San Cristóbal recibieron la notificación del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), de Rivas, que ordenaba la suspensión definitiva del proyecto Arenas Bay, ubicado en el municipio de Tola, departamento de Rivas.
En la actualidad esta institución del Estado analiza un recurso de revisión, que se introdujo una vez conocida la resolución del cierre.
El cierre de Arenas Bay ocurrió días después de que Armel González (socio del proyecto) denunciara que el actual cónsul de Liberia, Gerardo Miranda, lo había querido extorsionar con cuatro millones de dólares, a cambio de resolver a su favor un litigio de tierras, donde se ubican parte de las obras del proyecto.
Luego de este cierre —que inversionistas como González consideraron una trama política— se introdujo un formal recurso de revisión ante el delegado del Marena, de Rivas.
En el escrito se considera que “se aplicó los extremos de la ley”, al mandar a suspender de manera definitiva el proyecto, sin tomar en cuenta las inversiones millonarias que ahí se habían hecho; debido a esto se solicitó al Marena suspender el acto de cierre definitivo de Arenas Bay, “que conlleva a causar perjuicios irreparables”, dice el recurso.
¿MISMO TRATAMIENTO?
Al preguntársele al delegado del Marena, en Rivas, Mario Rodríguez, por qué Arenas Bay no había recibido el mismo tratamiento que otros proyectos, a los que ya habían autorizado sus correspondientes permisos, Rodríguez dijo: “Estamos analizando el recurso de revisión que interpusieron en contra de la resolución del Marena”.
También negó categóricamente que el Estado tenga algún interés particular a manera de confiscación de la propiedad.
Comentó que desde el inicio del proceso a Arenas Tola, nunca admitieron la violación a la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues en su primer proceso administrativo del 2006 se les mandó a detener actividades y a cumplir con el Plan de Gestión Ambiental, “pero ellos no lo hicieron”, dijo el funcionario.
“Sólo se dedicaron a interponer recursos de amparo sin mitigar daños causados, lo que al final llevó a un cierre definitivo, pero el proceso sigue y ellos deben acudir a las instancias correspondientes”, concluyó.
Ante la crítica del desempleo que provocó la decisión ministerial, el delegado del Marena consideró que “independientemente que todo progreso beneficie a nuestro país, todos tenemos la obligación de cumplir con la legislación nacional, ya que nadie puede estar por encima de la ley”, consideró.
