José Antonio Cáceres Fletes, de 34 años, será procesado por atentar contra la autoridad y sus agentes, seguido de lesiones graves, luego que la Policía Nacional de Chichigalpa lo identificara como el responsable de las lesiones graves a tres policías.

Cáceres participó el miércoles en un plantón, cuyos integrantes son miembros de una asociación de enfermos de insuficiencia renal crónica, una supuesta consecuencia del trabajo en los cañaverales.

Los manifestantes intentaban obstaculizar el paso de los trabajadores activos que regresaban a sus hogares, actividad que impedía la libre circulación en la vía pública.

Al ser desalojados, resultaron heridos los policías Benito Tomás Romero Romero, Guillermo Vílchez y Francisco Manuel García Solórzano, quienes recibieron golpes en el rostro y el cuerpo, por la respuesta de los manifestantes, de quienes se asegura sacaron palos, piedras y hasta trabucos.

También fue lesionado José Cáceres, cuyo expediente es remitido al Ministerio Público, aunque la Policía contempla la posibilidad de extender la acusación contra los líderes de esa agrupación.

El capitán Fernando Navarro, jefe policial de Chichigalpa, declaró que ellos llevan ocho meses de reclamos y se mantienen en la entrada del centro azucarero pacíficamente.

“El miércoles se agitaron. Provocaron una alteración y como resultado lesionaron gravemente a tres, entre seis que recibieron golpes menores en sus extremidades”, dijo Navarro.

“El uso de morteros está prohibido. Las armas blancas son un peligro para la vida de los policías y por eso se decidió desalojarlos”, agregó el jefe policial, desmintiendo que se usaran armas de fuego durante el disturbio.

LA OTRA VERSIÓN

El grupo se mantenía ayer en el mismo sitio. Luis Martínez, líder de la agrupación, dijo que se desarrollaba una protesta pacífica a un lado de la vía.

“Se metieron en terreno privado. Ellos invadieron la propiedad, que pertenece a la municipalidad y estamos con permiso del alcalde, aquí”, explicó.

“Cáceres está bien afectado por la insuficiencia renal crónica, le quedan pocos días y si se muere en la cárcel será un clavo para ellos”, amenazó.

El grupo de manifestantes asegura que demandan a la empresa el pago por daños y perjuicios, por las afectaciones del arduo trabajo en los cañaverales.