En círculos religiosos se cuenta la anécdota de una mujer que estaba casada con un pastor protestante, quien se oponía con mucha firmeza a los juegos de azar. En cierta ocasión, la esposa del pastor compró a escondidas un billete de lotería, con tan buena suerte que se ganó cinco millones de dólares, pero luego no sabía cómo darle la noticia a su marido. Finalmente le dijo al severo predicador: “Tengo dos noticias que darte: una buena y una mala”.
De la misma manera, en la vida política de Nicaragua parece que toda buena noticia tiene siempre que ir acompañada de una mala. Así ocurrió, por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia anunció anticipadamente que destituiría a los magistrados del Tribunal de Apelaciones que fallaron a favor de narcotraficantes ligados al transporte de más de 3 mil kilos de cocaína. Esa fue una buena noticia, pues el Poder Judicial urge de precedentes que manden un claro mensaje de advertencia tanto a jueces corruptos como a los narcotraficantes que los compran. Pero aquella buena noticia se vio empañada por el hecho de que mucho antes de que la Corte emitiera su fallo, una fuente parlamentaria sandinista dijo que “la decisión de destitución ya estaba tomada” por orden de Daniel Ortega. Otra persona allegada a la Secretaría del Frente Sandinista explicó a uno de los periodistas de LA PRENSA, que “el presidente Ortega dijo que no va a tolerar actos de corrupción de sus ‘subordinados’ en el Poder Judicial, que empañen su imagen”.
De tal manera, otra vez quedó demostrado que quienes mandan en el Poder Judicial no son los jueces y magistrados regulados por la Constitución y las leyes, sino los caudillos de los dos partidos mayoritarios, es decir, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, y que aquellos son, en efecto, simples “subordinados”.
Bajo el supuesto teórico de la división e independencia de los Poderes del Estado —que dicho sea de paso ha sido apasionadamente invocado recientemente en el caso de la anulación de la diputación de Alejandro Bolaños por el Consejo Supremo Electoral— no se supone que el Presidente de la República (que lidera el Poder Ejecutivo) dé órdenes a la Corte Suprema o a ningún otro tribunal del Poder Judicial. Los jefes de los jueces y magistrados no son los respectivos caudillos de sus partidos políticos. Las órdenes de destitución de funcionarios judiciales no deben ser redactadas en la Secretaría del Frente Sandinista ni en El Chile. Esta aberración es la causa original de todo el problema de corrupción y politización del sistema judicial. Y ya que Daniel Ortega y Arnoldo Alemán no van a renunciar a tratar a los jueces y magistrados como si fueran sus empleados, la Asamblea Nacional debe controlarlos y contener sus arbitrariedades por medio de leyes.
Precisamente fue, en parte, con esta intención que se redactó la Ley de Carrera Judicial. Al menos teóricamente, esta Ley representa un avance en el esfuerzo por separar la función judicial de los partidismos y las influencias políticas, pues señala como norma que quienes deseen ingresar a la carrera judicial deben recibir un curso teórico-práctico y, además, someterse a un examen. O sea que se pretende priorizar los méritos de los candidatos en vez de su militancia política. Sin embargo, esta buena noticia también va acompañada de una mala: el ingreso extraordinario para “juristas de reconocido prestigio”. El artículo 12 de la Ley dice que “una de cada cinco vacantes para magistrados de Tribunales de Apelaciones y dos de cada cinco vacantes para Jueces de Distrito, en cada una de las categorías, se reservará para el ingreso extraordinario de juristas de reconocido prestigio dentro del foro nacional, que satisfagan los requisitos formales establecidos para la categoría a que se aspira, sin someterse al examen o prueba específica ni al curso teórico-práctico requerido para el ingreso regular”.
Esto en términos sencillos significa que los magistrados de la Corte Suprema —más exactamente, los caudillos que están tras ellos— se reservan el derecho de continuar nombrando de dedo a un número de jueces y magistrados que consideran “juristas de reconocido prestigio” pero que, en realidad, son fichas que les servirán para seguir conspirando contra el Estado de Derecho.
