Las investigaciones que la Contraloría General de la República (CGR) realiza sobre la gestión del destituido Alcalde sandinista de Granada, Álvaro Chamorro Mora, concluyeron y, según fuentes allegadas al caso, el daño patrimonial causado de manera intencional a la municipalidad asciende a cuatro millones 164 mil córdobas.
El caso está listo para ser discutido en una sesión ordinaria del Consejo Superior de la CGR, prevista para esta mañana. De acuerdo con la fuente, el proyecto de resolución establece presunción de responsabilidad penal al ex funcionario de la comuna granadina.
El ex alcalde Chamorro Mora habría causado pérdidas al erario de 1.7 millones de córdobas, correspondientes a las retenciones obrero-patronal que no fueron enteradas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
LA PRENSA intentó comunicarse a distintos números telefónicos del ex funcionario, pero no fue posible hablar con él. No obstante, su hermana Caridad Chamorro indicó que le daría el recado para que mañana se comunique.
A la lista de perjuicios económicos se suman 2.3 millones de córdobas que habrían causado Chamorro y el director financiero de la Alcaldía granadina, Guillermo Antonio Galeano López, quien podría ser sancionado por los contralores con presunción de responsabilidad penal.
Los 2.3 millones de córdobas corresponden a los fondos destinados para proyectos de inversión social y que supuestamente fueron empleados para gastos operativos de los que se desconoce su utilización, según explicó la fuente.
En la Contraloría parece haber consenso entre los contralores para remitir los resultados de la auditoría a un juez penal, a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público.
RESPONSABILIDAD CIVIL
La fuente precisó que en las investigaciones se encontró que 2,500 dólares, es decir 41,550 córdobas, correspondientes a anticipos sujetos a rendición de cuentas por viáticos al exterior, más 152 mil córdobas pagados a contratistas por obras que nunca fueron ejecutadas, carecen de justificación.
En ambos casos los auditores recomiendan a los contralores emitir un pliego de glosa por responsabilidad civil.
La sugerencia de los auditores es distribuir el pago de glosas de tal manera que Chamorro Mora tenga que devolverle al Estado 2,500 dólares. Además de eso, Chamorro junto a Luis Javier Gutiérrez Taleno, director de Obras Públicas de la Alcaldía, tendrían que pagar más de 74 mil córdobas.
Contra Gutiérrez Taleno y Roberto Calixto Marcenaro Ruiz, supervisor de obras, los auditores consideraron imponer glosas hasta por 77 mil 989 córdobas.
No obstante, hacen la salvedad de que estos casos deben tramitarse por separado y dejar la oportunidad a los funcionarios señalados para que respondan y justifiquen durante un procedimiento especial establecido en la Ley Orgánica de la CGR.
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
El proyecto de resolución también establece responsabilidades administrativas contra el ex alcalde Chamorro por violar una serie de leyes, hechos que derivaron en actos irregulares.
También se prevé que los contralores se acojan a la sugerencia de los auditores para que se establezca el mismo tipo de responsabilidad contra José Leonel Treminio Ruiz, secretario del Concejo, por irregularidades que transgredieron las leyes que vigilan la transparencia de los servidores públicos.
El director financiero de la Alcaldía, Guillermo Antonio Galeano López, podría ser afectado con responsabilidades administrativas; así como Juan Carlos Zavala Peralta, ex responsable de Adquisiciones, Guillermo Galeano López, ex director financiero, Martha Beatriz Alemán, directora administrativa, y Javier Gutiérrez Taleno, encargado de obras.
DETALLES DE LOS DESVÍOS DE FONDOS
La auditoría especial practicada en la municipalidad corroboró que los trabajadores dejaron de percibir las prestaciones económicas y médicas que el INSS otorga a los asegurados y sus familiares, debido a que las cotizaciones no fueron pagadas a la institución.
Los auditores comprobaron que en las planillas de pago y registros contables por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 y del 1 de enero al 30 de abril de 2006, se efectuaron las deducciones de las cuotas del Seguro Social, pero no fueron enteradas a las arcas del INSS.
La explicación de Chamorro Mora fue que el dinero (1.7 millones de córdobas) fue invertido para sufragar gastos de la comuna, pero no presentó ninguna evidencia a la Contraloría durante el proceso de auditoría.
El argumento de Chamorro carece de asidero legal pues, desde el punto de vista jurídico, no debió permitir que se les diera un uso distinto a los fondos en cuestión. Esto fue calificado como “desvío de fondos” por los auditores, y su uso es ilegal.
Según la fuente, también, el informe de auditoría refiere que la donación de más de 120 mil euros que estaba destinada para la ejecución de un proyecto en la Isla Zapatera, para que las familias pudieran adquirir pangas, fue usada para “gastos operativos” que tampoco fueron soportados.
Sobre este hecho, la Alcaldía tampoco presentó evidencia para desvirtuar la ilegalidad y tampoco contó con la aprobación de los países donantes.
