El escaño reclamado por Alejandro Bolaños Davis en el Parlamento pasó a un escenario judicial luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso innominado promovido por el Presidente de la Asamblea Nacional René Núñez en contra del Consejo Supremo Electoral (CSE).

En el recurso, Núñez plantea un conflicto entre los poderes Electoral y Legislativo en relación al curul de Bolaños Davis, diputado por Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), mismo que le fue anulado por decisión de los magistrados electorales.

Los magistrados de la Corte tomaron la decisión ayer en una sesión de Corte Plena y en su resolución dieron un plazo de seis días que a la Procuraduría General de la República (PGR) para que exponga su criterio sobre el caso.

El recurso innominado del presidente del legislativo está acompañado de la resolución dictada por el CSE, en la que resuelve declarar “nulos de nulidad absoluta” varios documentos relacionados con Bolaños Davis y su nacionalidad.

REÚNE REQUISITOS

En tanto, la resolución de la Corte indica que el recurso innominado reúne los requisitos formales por lo que accedieron a darle trámite, no obstante el fondo del caso será analizado posteriormente.

Para esto, los magistrados judiciales solicitaron a los magistrados electorales Roberto Rivas Reyes, Emmett Lang Salmerón, Luis Benavides Romero, José Miguel Córdoba González, José Luis Villavicencio Ordóñez, José Marenco Cardenal y René Herrera Zúñiga, que en un espacio de quince días manifiesten su posición sobre el caso.

El CSE anuló la diputación de Bolaños Davis, argumentando que ocultó información sobre su nacionalidad. El legislador recurrió ante una comisión legislativa en un intento de revertir la decisión de los magistrados, pero el Parlamento pasó la discusión al Poder Judicial planteando un conflicto entre poderes del Estado.

El abogado Sergio García Quintero al opinar sobre el caso de Bolaños Davis, “nunca podría la Corte Suprema o la Constitución misma dar una patente de corzo a una persona, a una institución o a un poder del Estado para que pueda violar la constitución con entera y absoluta libertad sin que nadie vele esas violaciones”.