Después de la derrota electoral del FSLN se iniciaron las privatizaciones y los ajustes estructurales, como condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y del BID, miles de personas fueron enviadas al desempleo con los planes de reconversión ocupacional, se privatizaron más de 300 empresas, muchas de ellas confiscadas por haber tenido alguna relación con el régimen somocista, muchos trabajadores que poseían acciones fueron estafados, pues las empresas quedaron en otras manos sin que se les explicara dónde quedó el dinero de sus acciones.
Los nuevos paradigmas de la cooperación internacional, como la lucha contra la corrupción, promoción de la gobernabilidad, institucionalidad y democracia, han sido una contradicción, porque actúan con una doble moral, al promover privatizaciones, con el condicionamiento de sus préstamos. En Nicaragua se violentó el art. 105 de la Cn. que textualmente dice: “El Estado debe garantizar los servicios públicos…” Vergonzosamente la clase política es copartícipe, e incluso ha aprobado leyes, propuestas por estos bancos y organismos internacionales, que están al servicio de las transnacionales.
Los servicios privatizados fueron la distribución de la energía eléctrica y el de telefonía. Es de todos conocidos, lo traumático que ha sido para los nicaragüenses la privatización de dichos servicios. Es oportuno señalar que los gobiernos del pasado son responsables de la difícil situación que estamos enfrentando los nicaragüenses, porque no se preocuparon por realizar inversiones en la generación de energía o cambiar el modelo de la misma para la obtención de energía renovable, al contrario, privatizaron algunas de las plantas generadoras, creándonos un gran problema energético del cual estamos padeciendo todos los ciudadanos. Dicha privatización no se realizó de la manera más transparente y debe ser aclarada, porque los bienes del Estado son patrimonio de todos los nicaragüenses y no patrimonio de los gobernantes de turno.
Hace poco el primer mandatario de la nación se reunió con la Cámara de Comercio, Unión Fenosa, INE, Enel, Ministerio de Energía y Minas, para tratar el problema energético, siendo el gran ausente la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, que por muchos años defiende a los usuarios y consumidores, frente a las instituciones prestatarias de servicios. El Presidente de la República y las instituciones del Estado deben tomar en consideración, el aporte de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, ya que el problema de la crisis energética nos afecta a todos los ciudadanos, en especial a los pobres, en vista que los apagones y racionamientos atentan contra las pequeñas empresas familiares, generadoras de empleos.
El problema debe tener una clara respuesta del ente regulador (INE) que durante muchos años no fue eficiente, sin embargo, con la llegada del ingeniero David Castillo su posición ha sido beligerante en la aplicación de la ley, en beneficio a los consumidores. En este sentido su responsabilidad será mayor, al darle seguimiento al plan de racionamiento, propuesto por la empresa distribuidora, que no deberá racionar fuera de dicho plan, y que a la vez , deberá crear las condiciones para la compra de energía de futuro y evitar mayores crisis. También, la empresa distribuidora debe tomar con seriedad la facturación que se realice a los ciudadanos, pues con los apagones y racionamientos hay menor consumo de energía. Los usuarios por su parte deben presentar sus reclamos por alta facturación a la empresa distribuidora, y ante el INE, pero también deberán mejorar sus hábitos de consumo, ahorrando la energía que se les suministra, a la vez, deberán adquirir artículos electrodomésticos eficientes que consuman menos energía.
La pequeña, mediana y gran empresa deberá realizar un proceso de reconversión e invertir en equipos modernos y eficientes, que consuman menos energía. El Gobierno por su parte deberá promocionar la importación de estos equipos, aplicándole una menor carga arancelaria, que permita que nuestra industria sea más competitiva en esta época de globalización.
