La Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga los conflictos por propiedad en el municipio de Tola y en otros lugares del país, ha encontrado que el ex diputado sandinista Gerardo Miranda y el individuo de nombre Denis Prado aparecen entre las personas más denunciadas entre los casos que han conocido.
Dicha comisión empezó las averiguaciones de estos problemas, tras la denuncia pública del empresario Armel González Muhs, sobre una supuesta extorsión en la que el ex diputado sandinista Miranda Obregón habría pedido cuatro millones de dólares a cambio de solucionar un litigio de tierra que la Sociedad San Cristóbal mantiene con un grupo de cooperativistas de Tola.
Como parte de las averiguaciones, los miembros de la comisión escucharon las versiones que por separado ofrecieron ayer varias personas que se relacionan de alguna manera con ese problema.
Entre esas personas está Denis Prado, quien negó haber intentado extorsionar a los inversionistas del proyecto Flor de Mayo, tal y como hace unos días fue asegurado por el representante legal de ese proyecto ubicado en Tola.
El diputado José Pallais, presidente de la Comisión Especial, explicó que dentro de las pesquisas era importante conocer la versión de Prado, para dilucidar las interrogantes que sobre su persona existían.
Pallais informó que entre los hallazgos está que algunos nombres aparecen mencionados en varios casos.
“Hemos encontrado que Gerardo Miranda ha aparecido en dos de los casos, y Denis Prado, que estuvo hoy (ayer, en la Asamblea Nacional) nos ha saltado su participación, aunque muy relativa, en cuatro casos. Incluso, en otros más que nos hicieron del conocimiento, pero que la comisión lo va a considerar”, indicó.
INFORME LISTO SEMANA PRÓXIMA
Agregó que la próxima semana la comisión realizará las últimas entrevistas, para luego ir finalizando el trabajo investigativo. Pallais adelantó que ya empezaron a elaborar el informe conclusivo que presentarán en el plenario de la Asamblea Nacional y que en el mismo plantean algunas recomendaciones para evitar que surjan más conflictos por la tenencia de la propiedad.
Dijo que entre los miembros de la comisión comparten el criterio de que el problema de Tola está sirviendo de alerta sobre las debilidades jurídicas que existen en el país con relación al derecho de la propiedad, y que esto crea una situación desventajosa ante la comunidad internacional.
Al comentar sobre la mafia de robatierras que estaría operando en el país, el diputado indicó que eso debe ser una preocupación de las autoridades.
“Por las debilidades de las instituciones se generan conflictos, pues se lleva a gente o personas humildes a posesionarse de algún lugar, y luego aparecen abogados con conexiones en las instituciones del Estado, con el Poder Judicial, con la Policía, para posesionarse de una mejor forma”, indicó.
El diputado Pallais señaló que para dilucidar el caso de Arenas Bay, han solicitado el apoyo al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), a fin de que ayude a cotejar los planos sobre la propiedad en conflicto.
Pallais dijo que en la información que han conocido sobre este caso, han encontrado muchas diferencias, como por ejemplo el que la mayoría de los socios de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro aceptan haber vendido al proyecto Arenas Bay parte de la propiedad que recibieron del Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
“Otro grupo más pequeño asegura que lo vendido fue menor a las 120 manzanas que aseguran los inversionistas de Arenas Bay que le compraron a la cooperativa como restos”.
