El Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica —aprobado en octubre de 1987—- puso fin a un conflicto étnico que amenazaba con fragmentar al país. Si observamos lo que sucede actualmente en lugares como Irak, Sudán, Sri Lanka, Palestina y Cachemira, vemos que los conflictos étnicos y religiosos no sólo cobran un sinnúmero de vidas y destruyen las economías; sino también son muy resistentes a los esfuerzos para ponerles fin. Desde esa perspectiva, el logro de 1987 fue realmente impresionante.
En retrospectiva, el proceso de negociar dicha autonomía fue un experimento social radical único, tal como lo enfatiza el nuevo informe titulado Del conflicto a la autonomía en Nicaragua: Lecciones aprendidas, producido por la organización con sede en el Reino Unido Minority Rights Group International. En vez de reunir a una élite cuidadosamente seleccionada de líderes en un lugar secreto, las autoridades realmente procuraron consultar con los habitantes de la Costa Atlántica, capacitando a activistas para visitar las comunidades y llamar a las puertas de los vecinos. Se crearon comisiones para la autonomía en 90 por ciento de las comunidades de la región. Para finalizar, en 1987, se convocó a una conferencia multiétnica con la participación de 220 delegados electos de toda el área costera. El proceso duró dos años —en contraste con la agenda de ocho meses impuesta por los Estados Unidos para negociar una nueva constitución para Irak.
Sin embargo, 20 años después, la autonomía es muy precaria. Al salir de un conflicto violento, las comunidades tienen grandes expectativas: una nueva era de seguridad, prosperidad y desarrollo— el llamado dividendo de la paz. La realidad es muy diferente. ¿Cómo se puede explicar que un área tan rica en recursos naturales— que representa el 70 por ciento de las reservas forestales de la nación y 70 por ciento de las exportaciones pesqueras— sufra de una pobreza tan grave y tenga servicios básicos tan deficientes? En la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), únicamente el 14 por ciento de la población está conectada a la red eléctrica y en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) tan sólo el 17 por ciento; comparado con la media nacional del 49 por ciento. El acceso a agua potable es similar. Doce de las veinticinco municipalidades más pobres del país se encuentran en la Costa Atlántica, incluyendo Prinzapolka, en donde el 92 por ciento de los habitantes está en la categoría de “pobreza extrema”— esto significa que viven con menos de un dólar por día.
Recientemente, asistí a un seminario en Bluefields acerca de los beneficios y los reveses de la autonomía. Fue una experiencia alentadora y deprimente al mismo tiempo. Aunque los participantes estaban, y con razón, muy orgullosos de los logros de la región: dos universidades autónomas, la nueva Ley No. 445 que define los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, un nuevo sentido de empoderamiento que les ha permitido a las comunidades costeras llevar dos causas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; también existía el sentimiento de que la verdadera autonomía se estaba escabullendo de las manos de las comunidades originales del Atlántico. No es sólo la pobreza y la falta de servicios básicos. Conforme aumenta el flujo migratorio de nicaragüenses de otras partes del país, los miskitos, criollos, garífunas, rama y mayagnas se están empezando a sentir como minorías en sus propias comunidades. Actualmente, los representantes de estas comunidades se encuentran en una posición de minoría en los dos consejos regionales— 48 por ciento en la RAAN y 40 por ciento en la RAAS.
Sin embargo, también se encuentra en marcha un proceso más siniestro. El Estatuto de Autonomía establece que se debe consultar con los consejos regionales antes de explotar cualquier recurso natural en la región. No obstante, en mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una solicitud de amparo planteada por miembros de las Comunidades Atlánticas en contra del Procurador General de la República. Dicha medida de amparo bloquea concesiones que el Procurador General ya le había otorgado a dos empresas extranjeras para la explotación de petróleo en la Costa Caribe, en violación del Estatuto de Autonomía.
Pero el panorama no es comple tamente negativo. El Gobierno ha hecho una serie de compromisos positivos. El Sistema Educativo Autónomo Regional (SEAR), aprobado recientemente, cuenta con la aprobación de las comunidades locales y está diseñado para promover la educación tanto en español como en las lenguas maternas de las comunidades; por ejemplo, capacitando a maestros bilingües. Además, el Gobierno esta trabajando con los consejos regionales para reformar el estatuto de autonomía, en especial en lo que respecta a las disposiciones electorales. El objetivo de las comunidades locales es acordar cuotas de escaños, lo cual les garantice mayor representación en los consejos de la RAAN y la RAAS.
Finalmente, la Unión Europea se encuentra en el proceso de aprobar un nuevo paquete de ayuda para Centroamérica. Muchos nicaragüenses son pobres y cuentan con servicios públicos inadecuados, y esta ayuda deberá utilizarse para ayudar a todo el país. Sin embargo, estudios realizados por Minority Rights Group International muestran que para que un país se desarrolle de manera sostenible, la ayuda se debe dirigir específicamente a ayudar a los sectores más pobres de la población, y eso incluye a las comunidades étnicas de la Costa Atlántica.
Esperemos que estos sean los indicios de un nuevo comienzo, y que finalmente se tomarán las medidas necesarias para reforzar el acuerdo de 1987, un hito histórico del que todos los nicaragüenses deberían estar orgullosos.
