La jefa Nacional de la Policía, Aminta Granera, saludó ayer la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de destituir a dos magistrados del Tribunal de Apelaciones involucrados en una escandalosa sentencia que dejó libres a tres narcotraficantes.
“Cada institución tiene sus procesos desde dentro, si los honorables magistrados de la CSJ han tomado su decisión, la Policía Nacional la respeta y la aplaude”, sostuvo Granera.
La CSJ destituyó el martes pasado a los magistrados de la Sala Penal Uno del TAM, Enrique Chavarría y René Robelo, por irregularidades comprobadas según el magistrado Manuel Martínez, quien preside el máximo órgano judicial.
La jefa policial opinó esto, mientras hacía un recorrido con la jefatura policial en el inicio de las fiestas patronales de Managua, minutos antes de que llegasen a los antiguos Cinemas en Camino de Oriente.
INSTA A APLICAR LA LEY
Granera no se pronunció a favor de que continúe una investigación contra los magistrados liberales de otra sala del TAM, Bayardo Briceño y Orlando Lúquez.
Sobre Briceño y Lúquez pende una recomendación de destitución por haber soltado a otros narcotraficantes.
“No nos interesa cuestiones particulares, tenemos el interés que haya paz en Nicaragua, seguridad y porque se aplique la ley como manda la Constitución y las Leyes”, aseveró Granera al exigir justicia.
El martes pasado, al conocerse la destitución de Chavarría y Robelo, Martínez dijo que el caso de los magistrados liberales es “cenizas”, con lo que descartó cualquier investigación, pese a que otros magistrados dijeron a un canal televisivo que aún esta historia puede investigarse.
SE EXTRALIMITARON
En tanto, la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, órgano que se encargó de investigar a los magistrados destituidos, indicó que se extralimitaron en sus funciones al dictar la cuestionada sentencia.
Para la magistrada lo más grave de este caso es que en la sentencia se argumentan hechos que no aparecen mencionados en el expediente, ni fueron alegados por los abogados defensores ni la Fiscalía.
“(Es) como que el tribunal hizo sus propias averiguaciones, sus propios argumentos, lo cual no es posible en este nuevo proceso penal, que es contradictorio y la contradicción consiste precisamente en que los jueces ya no investigamos en lo penal”, sostuvo Ramos.
En la investigación se comprobó que hay hechos que fueron probados en el juicio tramitado contra los tres acusados de narcotráfico, pero que los magistrados no los tomaron en consideración, tal como la prueba de ioscan.
“Fueron realmente más allá de lo que la Ley les permite y lo que la Ley establece”, valoró.
