Mientras Carlos Newman Almanza Ortega se pasea tranquilo por las estrechas calles de San Pedro de Lóvago, un pequeño pueblo de Chontales, Nicaragua, en Estados Unidos es buscado por la comisión de dos asesinatos, lo que ha despertado la preocupación hasta en el Senado de ese país.
Este hombre de 27 años está disfrutando de su libertad gracias a una operación judicial enmascarada de legalidad. Sobre él pesa una acusación en Washignton por los asesinatos de Josiah Fulton y Eric Hills.
Hace dos semanas, el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), liberó al nicaragüense Almanza Ortega sin que exista una orden de libertad y hasta ahora ninguna institución asume la responsabilidad.
El acusado, originario de San Pedro de Lóvago, permanecía confinado en la cárcel Modelo de Tipitapa desde octubre pasado, después que el Gobierno estadounidense solicitó su extradición a ese país. Almanza habría asesinado de una puñalada a Fulton, un marine de los Estados Unidos que prestaba servicio en la Casa Blanca.
El crimen se habría perpetrado en las afueras de un club nocturno, en diciembre de 2002.
Antes, en febrero del 2000, Almanza habría asesinado, con un cuchillo al ciudadano estadounidense Erick Hills, en una calle del Distrito de Columbia, Washington, donde se produjo una riña tumultuaria, según las autoridades de Estados Unidos.
Silencio
LA PRENSA viajó a San Pedro de Lóvago, Chontales, Nicaragua, para conocer la versión de Almanza, pero éste se negó a brindar una entrevista a este Diario, luego de salir de la misa dominical de la iglesia de aquel apacible pueblo.
“No. No voy a hablar”, respondió molesto.
Mientras tanto, su padre que lleva el mismo nombre, nos acusó de violar su privacidad (a pesar de estar en la calle) y de hacer fotografías sin su autorización.
“No vamos a dar ninguna declaración. Saben quién es nuestro abogado. Consúltenlo a él”, señaló el padre del joven.
“No tienen derecho a venir a molestarnos. Si sacan las fotos los demandamos. No les hemos autorizado”, amenazó y acto seguido se puso a hacer fotografías con su teléfono celular.
En Managua, LA PRENSA buscó al abogado de Almanza, Mauricio Martínez Espinosa, el mismo que defiende al ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, condenado a 20 años de cárcel por actos de corrupción, pero éste no respondió su teléfono celular. Ni devolvió la llamada, pese a que se le dejó un mensaje explicándole que queríamos una versión del caso.
Habeas Corpus
La salida del acusado se originó en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), donde Martínez Espinosa, introdujo un recurso de exhibición personal, por supuesta detención ilegal.
Martínez argumentaba que la detención de Almanza se había tornado ilegal porque transcurrieron más de cuatro meses desde que fue aprehendido (26 de octubre de 2006) y la ley establece que el imputado sólo puede permanecer detenido, preventivamente, hasta dos meses mientras se tramita la extradición, por lo tanto la detención “es ilegal”.
El recurso de exhibición personal fue introducido el 13 de marzo por el padre del acusado, Carlos Almanza Talavera, contra el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Armengol Cuadra.
Los argumentos también se centran en que un nicaragüense no puede ser extraditado del territorio nacional de acuerdo con la Constitución Política de Nicaragua.
¿VÍCTIMA O VICTIMARIO?
En el escrito de Almanza se narra que durante las investigaciones del crimen realizadas en Washington, Estados Unidos, los padres fueron víctimas de “insufribles vejámenes” de parte de la Policía de esa ciudad, “con toda clase de coacciones, hostigamientos y amenazas”.
En el mismo escrito detallan que un juez de la Corte Superior del Distrito de Columbia (D.C) le imputa la comisión de los delitos de asesinato en primer grado con arma de fuego y asesinato en segundo grado estando armado, en perjuicio de Fulton y Hills.
Los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) accedieron a darle trámite al recurso y nombraron como juez ejecutor a Arnulfo González Ríos, quien se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para verificar que la detención era ilegal. Pero esa tarde del 28 de marzo, González no pudo concluir las diligencias porque el magistrado Cuadra —en contra de quien iba dirigido el recurso— no se encontraba en su despacho, hecho que dejó registrado en el acta de intimación.
JUEZ EJECUTOR “DILIGENTE”
La mañana del día siguiente González Ríos regresó a la Corte para continuar el trámite del recurso, pero no tuvo éxito, pues el magistrado Cuadra se encontraba en un seminario, sin embargo, consiguió leer el expediente de Almanza gracias a las diligencias de la asesora del magistrado, Mélida Escobar.
El juez ejecutor vio que hasta ese momento los magistrados no se habían pronunciado sobre la solicitud de Estados Unidos y el caso continuaba en trámite.
Pero el juez fue más allá. Aun sin haber hablado o “intimado” al magistrado Cuadra, escribió un informe declarando que la detención era ilegal y ordenó la libertad. Esta acta la envió a los magistrados de la Sala Penal.
AGOTAR EL RECURSO
Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, Martha Quezada, Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, el 12 de abril pasado, mandaron al juez González a agotar la vía del recurso y a que se constituyera nuevamente a intimar al presidente de la Sala Penal de la CSJ.
El juez ejecutor insistía en la libertad de Almanza y el lunes 13 de abril mandó la “inmediata libertad” para lo cual pidió se rindiese una fianza, misma que fue ofrecida por el padre del detenido, según consta en el expediente radicado en el TAM.
Por tercera vez, el 16 de abril, el juez González retornó a buscar al magistrado Cuadra, pero tampoco hubo resultados. Veinte minutos después de constatar la ausencia de Cuadra, el padre del acusado prometió ante el juez ejecutor poner a su hijo “a la orden de la autoridad las veces que le sea requerido” y fue a las 10:40 de la mañana del mismo día que el juez ordenó a la Policía Nacional y al director del Sistema Penitenciario, prefecto Carlos Sobalvarro lo dejaran en libertad.
LA PRENSA pudo constatar en el expediente que el recurso de exhibición personal nunca culminó. El juez ejecutor no intimó a Cuadra y los magistrados de la Sala Penal Dos, tampoco dictaron sentencia alguna u orden de libertad, como lo establece el procedimiento para este tipo de recursos.
Ejecutor defiende su actuación
“Todas las diligencias están en el Tribunal de Apelaciones. Yo entregué el informe y el Tribunal se pronunció. Es cierto que presenté un primer informe, pero después lo volví a entregar”, dijo el juez ejecutor, Arnulfo González Ríos al ser consultado por LA PRENSA.
También dijo que toda su actuación estaba apegada a derecho y que no había nada de ilegal u oculto en el procedimiento que siguió para determinar que había una detención ilegal.
Por su parte el comisionado José Denis Tinoco, Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, dijo que él tuvo conocimiento de la puesta en libertad de Almanza porque el juez ejecutor, dirigió contra él y contra el Jefe del Sistema Penitenciario la orden de libertad.
“A mí me extrañó, pero era una orden extendida por un juez. Nosotros no podíamos hacer nada porque no estaba bajo nuestra jurisdicción”, indicó el jefe policial.
SORPRESA
El magistrado Cuadra afirmó que la orden de libertad no tiene asidero legal, pues el juez ejecutor nunca lo intimó y al enterarse de lo ocurrido solicitó un informe al Sistema Penitenciario.
Tras recibir el requerimiento de Cuadra, el prefecto Carlos Alberto Sobalvarro Ruiz, Director General del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), envió al Secretario de la Sala de lo Penal, de la CSJ, un informe fechado el 24 de abril sobre las circunstancias en la que se produjo la libertad de Almanza.
En su informe, Sobalvarro dice que el 16 de abril de 2007 a las dos de tarde, el doctor Mauricio Martínez Espinosa, se personó al SPN, en su carácter de abogado defensor de Almanza, llevando consigo una orden de libertad fechada el mismo día extendida por el juez ejecutor Arnulfo González Ríos.
El documento iba dirigido al comisionado Denis Tinoco Zeledón, Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional y a Sobalvarro.
Visto el documento, el alcaide, José René Tercero Cruz jefe del Centro Penitenciario Tipitapa orienta al primer Alguacil, Pedro Hernández Galeano, Jefe de Control Penal del referido centro penitenciario, dirigirse al Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, con el objeto de verificar la idoneidad del nombramiento del juez ejecutor.
El 17 de abril a las 9:30 de la mañana, se presenta el primer alguacil Hernández Galeano, siendo atendido por el doctor Bayardo Briceño, Magistrado de la Sala Penal Dos de dicho tribunal, quien al ser consultado expresó que efectivamente el nombramiento es legal y que se proceda a cumplir con lo ordenado de poner en libertad al interno, proporcionándole copia del nombramiento del juez ejecutor, debidamente certificada por la doctora Myriam Rubí, secretaria de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones, dice el documento.
