Los defensores públicos y jueces suplentes no podrán continuar ejerciendo la defensa ni defender, a partir de ahora, a las personas acusadas en los tribunales nacionales de pertenecer al narcotráfico o al crimen organizado.
La medida fue tomada la semana pasada por la Comisión Nacional Interinstitucional que conglomera a nueve instituciones del sistema judicial, y que el viernes pasado se mostraron preocupadas por la ascendencia del crimen organizado en el país.
El magistrado Marvin Aguilar, coordinador de esa comisión, informó que decidieron pedir a la Defensoría Pública que “tenga mucha prudencia” en aceptar la defensa del crimen organizado.
“Técnicamente no es cuestionable (que defiendan a los narcotraficantes), pero es reprochable socialmente; entonces hemos dicho que en estos casos de crimen organizado tengan prudencia”, sostuvo Aguilar.
No obstante, puntualizó que esta disposición no incluye el caso de las ‘muleras’ y ‘muleros’ que son los que transportan pequeñas cantidades de cocaína. “A esos nadie les cuestiona que les asiste el derecho a la defensa”, declaró.
La Defensoría Pública es la institución encargada de defender a los acusados de escasos recursos económicos, y esta diferenciación fue establecida porque, según el magistrado, los narcotraficantes pueden asumir el pago de un abogado defensor, contrario a los “muleros”.
TAMBIÉN LOS JUECES
El magistrado dijo que también plantearán que los jueces suplentes se abstengan de ejercer la defensa de los señalados por la comisión de este tipo de delitos.
“Les hemos pedido también a todas las instituciones del sistema de justicia penal, que nos abstengamos de participar en la defensa de ese delito del crimen organizado, aunque por ley la Defensoría Pública pueda ejercer la defensa”, declaró el magistrado Aguilar, quien fue electo nuevo coordinador de la Comisión Nacional, el viernes pasado.
El caso más reciente ocurrió cuando la ahora ex juez suplente de Tipitapa, Johanna Fonseca, asumió la defensa de once personas señaladas de pertenecer al cártel de Sinaloa, que ya estaba asentándose en el país.
Fonseca estaba designada en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa; el mismo donde fue radicado el caso, y ejercer la defensa le trajo su destitución.
