La celebración del Día Internacional de los Trabajadores, este pimero de mayo, debería ser un marco apropiado para que las partes laboral, patronal y estatal se pusieran de acuerdo en el nuevo salario mínimo que está ahora en discusión. La celebración del primero de mayo tiene que ver precisamente con las reivindicaciones de los trabajadores. En estricto sentido, esta celebración fue originada por la demanda de la jornada laboral de 8 horas, pero con el tiempo se transformó en una oportunidad de lucha por los intereses y aspiraciones globales de los trabajadores, inclusive políticos. Por eso es que mañana los trabajadores afiliados a los sindicatos independientes van a marchar no sólo en respaldo a sus reivindicaciones laborales, sino también en defensa de la legalidad democrática y la libertad, mientras que los sindicatos oficialistas saldrán a respaldar a su gobierno sandinista.
Con respecto al salario mínimo, se conoce que hay una fuerte puja entre los sindicalistas con los representantes de los empresarios y el Ministerio del Trabajo, porque mientras los representantes patronales y del Estado proponen un aumento en el nuevo salario mínimo de un poco más de 10 por ciento con relación al actual, los representantes laborales exigen un incremento de 25 por ciento.
No es necesario tener conocimientos académicos de economía para saber que el aumento de los salarios no deriva sólo de sentimientos de justicia social ni de las necesidades de los asalariados. El monto del salario necesariamente tiene que representar un balance entre la productividad laboral y el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados, por un lado, con una adecuada rentabilidad empresarial por otra parte. Si los salarios se aumentaran sin tomar en cuenta los costos de producción y operación, ni la rentabilidad empresarial y la productividad del trabajo, únicamente en base de las necesidades de los asalariados, se condenaría a la quiebra a las empresas y se perjudicaría a los mismos trabajadores, que terminarían perdiendo el empleo.
Sin duda que los negociadores del salario mínimo son expertos en la materia y no nos corresponde a nosotros decirles qué es lo que deben de hacer. No obstante tenemos la obligación de señalar al respecto, que al aumentar el salario mínimo se debe calcular su impacto en los costos empresariales y en el ingreso real de los trabajadores asalariados, previendo que no tenga efectos inflacionarios. Las empresas privadas no sólo son diversas por la naturaleza de su producción y el giro de sus negocios, sino también por sus distintos niveles de productividad y eficiencia laboral. De manera que si los aumentos salariales impuestos por ley son igualitarios o uniformes, podrían ser inflacionarios o conducir a la quiebra a algunas o muchas empresas, sobre todo a las más pequeñas, mientras que las más eficientes seguirían generando altos beneficios empresariales. Así como también un aumento de salario mal calculado, podría resultar insignificante para algunos trabajadores en comparación con los de otros ámbitos laborales.
En realidad, el factor clave en la negociación del acuerdo tripartito sobre el salario mínimo es la comprensión de que su aumento debe servir para dinamizar la economía a fin de que genere más puestos de trabajo estables y productivos. Dicho con otras palabras, los aumentos salariales deben mejorar la situación de los trabajadores pero también el desarrollo empresarial y el crecimiento de la economía nacional.
La ética social y el capital no son incompatibles ni excluyentes, mucho menos ahora cuando vivimos en la era de la responsabilidad empresarial, de un capitalismo con sentido de solidaridad social que debe combinar el objetivo de producir riqueza con el de elevar la calidad de vida de los trabajadores y toda la sociedad. Los sindicalistas tienen que comprender que no pueden conseguir todo lo que desean, pero también los empresarios deben ceder lo que sea posible sin poner en riesgo sus operaciones, mientras que el Estado tiene que velar porque el acuerdo de aumento del salario mínimo no perjudique sino que beneficie el interés nacional.
