La decisión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) de permitir que los asegurados puedan ser atendidos en la Empresa Médica Provisional (EMP) a la que están afiliados, sin presentar su colilla de comprobación de derecho, podría perjudicar financieramente a esta institución.
El experto en temas de Seguridad Social, Humberto Mendoza López, opinó que el principal problema con esta medida es que abre las puertas para que usuarios que no estén cotizando puedan ser atendidos en los centros médicos.
“El INSS se sostiene por medio de las cotizaciones de sus afiliados y en base a esto es que se garantizan las prestaciones a las que tienen derecho, como son los servicios médicos. ¿Pero qué pasa si estamos atendiendo a un ciudadano que no está cotizando, pero que está haciendo uso de las prestaciones a las que por ley sólo tiene derecho si es un empleado activo? Se puede entonces crear un perjuicio financiero para la institución”, comentó el especialista.
“¿Cómo se va garantizar a la empresa médica previsional que las prestaciones se le están dando a un asegurado activo? Es imposible para las finanzas del INSS mantener las prestaciones de las empresas médicas si no están recibiendo las cotizaciones de un asegurado activo”, añadió.
Mendoza López ha participado en el diseño y reglamentación de la Ley de Seguridad Social vigente y es autor del libro La Seguridad Social en Nicaragua, su crisis y su proyección.
Señaló que si se permite la atención a usuarios que no están activos con sus cotizaciones, también se estaría incurriendo en la violación de la Ley Orgánica del INSS.
“No sé si este tipo de medidas las están tomando por demagogia o política, pero si van a establecer este tipo de atenciones, tienen que necesariamente reformar la ley. Ésta no es una decisión que pueda tomar solamente el presidente ejecutivo del INSS. La única que puede reformar leyes es la Asamblea Nacional. Si ya lo hacen, entonces ya es una responsabilidad de los señores diputados”, señaló Mendoza López.
PREVISIONALES LO VEN POSITIVO
Pero para el presidente de la Cámara Nicaragüense de la Salud (Cansalud), Ismael Reyes, la medida anunciada por el Gobierno sandinista de Daniel Ortega es positiva, porque así los asegurados recibirán cualquier tipo de atención médica, aunque los empleadores estén en mora.
Reyes también dijo que esta medida no perjudicará a las empresas médicas previsionales, pues éstas tienen una base electrónica de datos donde comprobarán que las personas que se presenten a solicitar atención son asegurados activos.
“La medida beneficia a los asegurados, a las empresas médicas y al INSS”, dijo Reyes.
RIESGO DE DESCAPITALIZACIÓN
El INSS podría sufrir una descapitalización si los asegurados son atendidos en las empresas médicas previsionales con sólo presentar su carné, aseguró el diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Luis Callejas, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Salud.
El pasado martes el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, anunció la medida, según él como una forma de garantizar la salud a todos los asegurados.
Sin embargo, para Callejas esta medida podría ser perjudicial para el Seguro Social, pues estará en la obligación de pagar a las empresas médicas previsionales de forma puntual, aún cuando los empleadores incumplan con su aporte económico correspondiente.
“El INSS tiene que comprometerse de presionar a los empleadores para que paguen sus cotizaciones, de lo contrario habría una descapitalización y eso sería grave por la situación en que se encuentra, pues sólo estaría sacando dinero pero no recibiría nada a cambio”, expresó Callejas.
El Seguro Social registra 50 EMP en todo el país. Éstas empresas se distribuyen un pastel de poco más de medio millón de asegurados y derecho-habientes, que reciben atención médica. Cada año se reportan tres millones de consultas. Cerca del 70 por ciento ocurre en Managua, donde por la cantidad poblacional hay 18 empresas médicas previsionales. Se estima que mensualmente el INSS paga unos 84 millones de córdobas a las EMP.
Un experto en seguridad social, quien prefirió que omitiéramos su nombre, expresó que casi siempre los morosos son las entidades estatales y las alcaldías, las que en su mayoría fueron ganadas por el Frente Sandinista.
“Tendría que haber voluntad política de las alcaldías y del mismo Estado para que le paguen al Seguro Social, pero, ¿van a dejar las alcaldías de realizar sus proyectos a cambio de pagar? Creo que no, lo mismo sucede con las instituciones del Estado”, dijo la fuente, quien a la vez informó que las actuales leyes del INSS no le dan fuerza ni mecanismo para presionar a los morosos.
De acuerdo a la fuente, la medida anunciada por el presidente del INSS, Roberto López, se puso en práctica por unos dos meses en el año 2005 y se concluyó que era perjudicial para la institución, pues se dejó de percibir una gran cantidad de dinero.
“Esta medida también puede ser utilizada políticamente para no presionar a las alcaldías o los empresarios sandinistas, y eso ayudaría a descapitalizar al INSS”, agregó el diputado Luis Callejas.
