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Acusan a Estado hondureño de “limpieza social”
Fiscal de Derechos Humanos afirma que agentes de seguridad llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales
Casa Alianza contabiliza más de 3,000 asesinatos en nueve años; víctimas entre 17 y 30 años de edad
Freddy Cuevas
TEGUCIGALPA/AP
Gobierno reitera negativas

El Gobierno ha negado reiteradamente que los agentes estatales estén ejecutando a menores en Honduras.

Sin embargo, los cadáveres de las víctimas son descubiertos en barriadas y parajes solitarios generalmente a la orilla de las carreteras o matorrales, con las manos atadas hacia atrás, tiros en la cabeza —en la frente o la nuca—, y señales de torturas.

“Lo que dice la Fiscalía no ha sido probado todavía... y el Gobierno no mata a nadie”, se limitó a decir a AP el portavoz de la Secretaría de Seguridad, subcomisario Miguel Martínez.

La Fiscalía aseguró que agentes de la seguridad estatal están detrás del 12 por ciento de los asesinatos de jóvenes en Honduras, cuya cifra total se eleva en nueve años a más de 3,000.

“Esas muertes violentas tienen características de ejecuciones”, dijo la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, en declaraciones publicadas el miércoles por el diario local El Heraldo.

“Y del total de los asesinatos creemos que en unos 360 están involucrados policías y militares”, añadió.

Ponce sostuvo que “nos referimos sólo a denuncias en las cuales participaron los agentes de seguridad del Estado, pero no han sido condenados porque no hemos probado esa situación ante los tribunales”.

La mayoría de las víctimas tenía entre 17 y 30 años y procedían de estratos sociales bajos.

“Investigamos los casos con base en las indagaciones realizadas al respecto desde 1998 por la Unidad Especial de Muertes de Menores de la Dirección General de Investigación Criminal”, dijo.

“Ese departamento policial no dispone de suficientes recursos para desempeñar eficazmente su labor, lo que ha sido expuesto al Ministro de Seguridad (Álvaro Romero), que aún no responde a los reclamos... y eso plantea dudas sobre la voluntad real de que ese tipo de asesinatos sean debidamente investigados en Honduras”.

Advirtió que “no podemos afirmar, por no contar con evidencias, que las muertes obedecen a una política de Estado orientada a exterminar a los delincuentes en el país, particularmente a pandilleros. Lo que es cierto es que el Estado no ha hecho lo suficiente para investigar las muertes y castigar a los culpables”.

Según la Policía, los crímenes son causados por pandilleros por frecuentes disputas territoriales por drogas o tráfico de armas y de personas.

Pero el director de la organización no gubernamental Casa Alianza en Tegucigalpa, el español José Manuel Capellán, señaló que “la inseguridad y la incertidumbre ha aumentado en Honduras y se trata de un problema al que el Gobierno no da importancia y que la sociedad se acostumbró a vivir con ello”.

Estadísticas de Casa Alianza atribuyen el 88 por ciento de las ejecuciones a desconocidos y el 12 por ciento a pandilleros.

En Honduras operan las temidas pandillas Mara Salvatrucha y La 18, que con miles de miembros aterrorizan a la población.

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