Los medios de comunicación constituyen, después del Ejército, la institución que más confianza inspira a los ciudadanos nicaragüenses, según reveló —o más bien confirmó— la encuesta de M&R que se dio a conocer esta semana. En efecto, la ciudadanía tiene un grado de alta confianza de 64.2 por ciento en los medios de comunicación, mientras que en la Presidencia de la República que ejerce Daniel Ortega, la confianza de los ciudadanos es apenas de 42.1 por ciento.

Al conocer esta información, el presidente Ortega reiteró su ataque contra los medios de comunicación independientes y en particular contra LA PRENSA: “Algunos medios sencillamente le están arrebatando su libertad de información, de comunicación, al pueblo de Nicaragua”. Días antes, el viernes de la semana pasada, Ortega había denunciado una supuesta “censura impuesta (a su Gobierno) por algunos medios que están politizados. Que están al servicio de determinadas fuerzas políticas, entonces yo los entiendo, pero sencillamente censuran todo lo bueno que hace el Gobierno”. Es decir, Ortega vuelve con el viejo cuento de que son las palomas las que disparan contra el cazador.

En realidad, los medios de comunicación no censuran a los gobiernos. Es al revés: son los gobernantes los que censuran a la prensa. Sólo los gobernantes pueden ejercer la censura de prensa, porque como muy bien señala el tratadista Guillermo Cabanellas en su monumental Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, la censura consiste en “la revisión de periódicos, libros y demás publicaciones, así como de todos los modos de expresión del pensamiento, con la finalidad de dar licencia para su difusión o denegarla. Se puede referir a la prensa, a la radio, al teatro, al cine, a la televisión; a todas las manifestaciones de la opinión. En este sentido, la censura es contraria a la libertad de opinión; y se produce como un resultado de regímenes políticos de carácter generalmente dictatorial”.

Lo que hacen los medios es seleccionar la información que pueden publicar, puesto que por razones de espacio y de tiempo no tienen capacidad para dar cabida a todo el material de su propia producción y el que reciben de las agencias informativas y los colaboradores externos, nacionales e internacionales. Pero esa selección no significa censura, ni siquiera impedir que se publique algo, pues la pluralidad de la oferta informativa en una sociedad abierta como es, todavía, Nicaragua, garantiza que lo que un medio no puede publicar otro lo divulga. Aparte de que en el caso de las noticias gubernamentales prácticamente todos los medios quieren publicarlas, porque son de interés general, y por eso protestan cuando, como ahora, el Gobierno centraliza, oculta y niega la información.

Las formas de la censura gubernamental, directa o indirecta, van desde la prohibición expresa de informar sobre tal o cual asunto, el cierre temporal, indefinido o definitivo de medios y la represión física contra los periodistas —como se practicó brutalmente durante el primer gobierno de Daniel Ortega—, hasta la censura indirecta y solapada que se practica ahora mediante el secretismo y la utilización de la publicidad estatal como mecanismo de premio y castigo para los medios de comunicación.

Por supuesto que ningún gobernante que practica la censura de prensa, admite que lo hace, o siempre encuentra justificación para hacerlo, como los supuestos intereses de seguridad nacional y la defensa de la Patria y la revolución. Cuando ya había liquidado la libertad de prensa en la Rusia soviética, Lenin proclamó en el segundo congreso de la Internacional Comunista celebrado en Moscú entre el 2 y el 6 de marzo de 1919: “Los capitalistas llaman libertad de imprenta a la libertad de soborno de la prensa por los ricos, a la libertad de utilizar la riqueza para fabricar y falsear la llamada opinión pública”. Y agregó que: “A fin de conquistar la igualdad efectiva y la verdadera democracia para los trabajadores, para los obreros y los campesinos, hay que quitar primero al capital la posibilidad de contratar a escritores, comprar editoriales y sobornar periódicos, y para ello es necesario derrocar el yugo del capital, derrocar a los exploradores y aplastar su resistencia”.

Eso fue lo que hizo —o quiso hacer— Daniel Ortega durante la fracasada revolución sandinista de 1979 a 1990. Y es evidente que ahora sigue pensando de la misma manera, sin querer aprender la funesta lección de aquella aventura totalitaria.