La Procuraduría General de la República (PGR) llamará en los próximos días a los representantes de Glencore para que informen sobre un supuesto incumplimiento de la concesión que firmó el Estado nicaragüense con la transnacional para administrar durante diez años la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo Sociedad Anónima (Petronic).
La decisión fue tomada ayer durante una reunión que el procurador Hernán Estrada Santamaría sostuvo con el presidente de Petronic, Francisco López, ex tesorero del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El ingeniero López llegó a la institución con una serie de documentos, supuestamente probatorios, sobre las distintas operaciones que la empresa Glencore ha realizado en el país durante los últimos ocho años.
La reunión es parte de un proceso de análisis que realiza la PGR sobre una resolución que la Contraloría General de la República (CGR) emitió en mayo de 1999, donde declaró nulo ese contrato de arriendo.
El procurador Estrada Santamaría aseguró que el incumplimiento de la transnacional le estaría ocasionando pérdidas económicas al Estado nicaragüense por un monto que no precisó, además de que esta empresa se estaría atribuyendo funciones que no le corresponden.
Según el procurador, el contrato firmado con Glencore tiene vicios de nulidad porque le fueron asignadas funciones que según la Constitución Política no pueden ser delegadas por el Estado a ningún particular, como es la distribución y comercialización del petróleo. Además, porque le asigna funciones a la empresa Glencore que son de la competencia del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y de la Asamblea Nacional.
El procurador Estrada Santamaría señaló que por esas y otras razones es que han decidido darle prioridad a este caso, teniendo como base la resolución de la CGR, que recomendó en 1999 la cancelación de ese contrato de arriendo con Glencore por ser lesivo a los intereses de la nación.
Semanas atrás, el Alcalde de Managua y miembro de la junta directiva de Petronic, Dionisio Marenco, se había mostrado a favor de la anulación del contrato entre el Estado de Nicaragua y la compañía suiza.
Marenco ha sido una de las figuras del país que ha promovido la revisión de esa concesión, pues considera que se debe anular porque esa empresa no puede “trabajar sobre una base ilegal”, dijo.
Señaló que lo más conveniente para Glencore es que firme un nuevo contrato con el Estado de Nicaragua, en caso de que desee seguir trabajando en el país.
“Sólo un nuevo (contrato) puede dejar las reglas claras y saber qué reclamar y en qué momento hay que aplicar los puntos de salvamento”, dijo .
Una investigación periodística publicada por LA PRENSA el 26 de marzo pasado reveló que el Estado gana cada año dos millones de dólares por el arriendo de los activos de la compañía, los que se dividen en 700 mil dólares por el pago del arriendo de los bienes de la empresa, y el resto corresponde a la ganancia de un centavo de dólar (unos 18 centavos de córdobas) por la venta de cada galón de combustible.
ACUERDOS CON GOBIERNO
La Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), filial de Glencore en Nicaragua y que operará el arriendo de Petronic, llegó a un acuerdo con el Gobierno para disponer los tanques de almacenamiento para acopiar los embarques provenientes de Venezuela.
El acuerdo también establece que la DNP compre a precios de mercado, y sin ser cubiertos por la concesionalidad de los acuerdos con Venezuela, el combustible para abastecer sus propias operaciones comerciales, el cual es pagado 30 días después de llegado el embarque.
