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Daniel Ortega Saavedra. ()
Institucionalidad violentada

Un conflicto pacífico a lo interno del sector educativo. Irónicamente, la única cuota de violencia la han puesto los mismos activistas sandinistas. Esta ha sido la única piedra en el zapato que ha “incomodado” a Daniel Ortega en su gestión de los primeros 100 días de su gobierno.

Las únicas molestias a las que se ha enfrentado Ortega son los señalamientos de algunas organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por las violaciones a la institucionalidad y las críticas recurrentes de una dividida oposición política que no ha podido concretar ninguna acción para frenar aquellos actos gubernamentales que han lesionado la institucionalidad del país.

“El PLC sigue en su posición de pacto con el FSLN (y) en la ALN vemos que no ha habido una oposición tan beligerante como esperaba la opinión pública”, sostuvo al respecto el lunes pasado el analista político Carlos Tünnermann Bernheim.

El mismo Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) consideró que los primeros 100 días de gobierno tienen más de negativo que de positivo, porque apuntan hacia el secretismo, nepotismo, autoritarismo, centralismo y una perniciosa confusión Estado-partido-familia.

Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Cenidh, criticó severamente las políticas desarrolladas por Ortega, porque implementan una “ley del bozal” con sus funcionarios y que castiga a los que critican su forma de gobernar.

“El Gobierno está paralizado. Tenemos a un gabinete mudo, y cuando hay críticas como las que hizo la ex directora del Instituto Nicaragüense de Cultura (Margine Gutiérrez), que no está de acuerdo con el regalo de los manuscritos de Rubén Darío a Hugo Chávez (Presidente de Venezuela), Ortega los cambia”, afirmó Núñez.

Además de Gutiérrez, en estos 100 días también han rodado las cabezas de la titular del Ministerio de la Familia, Glenda Ramírez y recientemente la Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales, Amanda Lorío.

La Alianza Movimiento Renovador Sandinista (MRS) por su parte consideró que el presidente Ortega dirige un proyecto de “corte autoritario y familiar”, por lo cual representa una seria amenaza para la democracia y las libertades públicas.

La agrupación política indicó en un análisis presentado el lunes pasado que el gobierno de Ortega ha mantenido un doble discurso, en el que prevalecen supuestamente el diálogo y la reconciliación, pero en la realidad se concreta el autoritarismo del mandatario.

En el aspecto económico, la Cámara de Comercio Nicaragüense (Caconic) señaló que el país experimentaba un proceso de desaceleración económica debido al clima de gobierno imperante.

Esto fue rechazado por el mismo presidente del Banco Central, Antenor Rosales, quien además señaló que el crecimiento inflacionario ocurrido durante los primeros meses de este año era un fenómeno económico normal en estos períodos.

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