A pesar de que el Ministerio Público había solicitado la cárcel para el ex director de Aduanas Fausto Carcabelos Molina —acusado por defraudación aduanera y fraude—, éste fue dispensado por el Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio César Areas, pero mandó al acusado a depositar 750 mil córdobas en una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El depósito corresponde al monto de una fianza monetaria que le impuso como medida cautelar el juez Areas, el cual deberá realizar dentro de 48 horas contadas a partir de la resolución judicial.

En esa misma causa también son acusados, Manuel Mayorga Duarte, ex director de fiscalización de aduanas y Gabriel Argüello Fornos, ex jefe de laboratorio de esa institución.

A Mayorga Duarte el judicial le impuso una fianza monetaria de medio millón de córdobas y a Argüello Fornos, una caución de 250 mil córdobas.

El Ministerio Público responsabilizó a Carcabelos Molina de haber incumplido sus obligaciones, al prohibirles a subordinados informar a la Procuraduría General de la República sobre una supuesta defraudación aduanera.

La presencia del delito lo detectaron en un cargamento de aceite que las empresas Agro Industrial de Oleaginosas S.A (Agrosa S.A) y E. Chamorro Industrial S.A, habían importado y que en aduana fue declarado como aceite en bruto que no paga el 15 por ciento del Derecho Arancelario de Importación, pero que según la Fiscalía se trataba de aceite para el consumo humano el cual sí paga el DAI.

El juez también dictó una fianza monetaria de un millón de córdobas para cada uno del resto de procesados, entre los que se menciona a Gustavo Salazar Sevilla, Renzo Bagnario Zanutel, Pedro José Lacayo Reyes y Alexis José Chamorro Chamorro, acusados en esta misma causa.

El juez también prohibió a todos los implicados salir del país sin su debido permiso.

La decisión que se refiere a la fianza monetaria fue considerada por los defensores como una exageración del juez Areas porque obligará a los implicados a realizar grandes esfuerzos para poderla cumplir.

El abogado Heberto Orozco Izaguirre, en representación de la empresa E. Chamorro Industrial S.A, expresó que la decisión del juez no está acorde con el caso porque asegura que en este hecho no existe delito y que todo es una confusión.