CGR confirma que le dieron otros usos a los títulos
El uso de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni) para pagar deudas heredadas por tres bancos fenecidos, cuyo monto asciende a 33.78 millones de dólares, forma parte del prejuicio económico al Estado que podría establecer la Contraloría General de la República (CGR), según se desprende del informe ejecutivo de auditoría, que realiza ese ente fiscalizador sobre esta compleja operación financiera.
Uno de los hallazgos de la auditoría refleja que el Banco Central de Nicaragua (BCN) y las juntas liquidadoras del Banco del Café (Bancafé), Banco Intercontinental (Interbank) y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), destinaron esa suma para la asunción de otros pasivos diferentes de las obligaciones con el público, es decir los depósitos.
“Comprobamos que el BCN asumió sin base legal el pago de otras obligaciones diferentes a los depósitos con el público, asegura parte del informe.
El informe detalla que se usaron Ceni para cubrir “deudas con otras instituciones financieras (Tower Bank, Dresdner Bank, Profund, Banco Alemán Platina, Giro del Hamilton Bank), obligaciones por letras (certificados de depósitos) emitidas, financiamiento para gastos de administración, pasivo contingente, entre otras que tenían los bancos desincorporados Interbank, Bancafé y Banic; lo cual se evidencia en escrituras por finiquitos suscritas con los representantes de los bancos adquirentes Banpro, BDF y Bancentro”.
La información proporcionada por la Contraloría señala que estas operaciones no tenían sustento legal, dado que la emisión de los Ceni ordenada a través de un decreto presidencial se refiere únicamente a pagar los depósitos de los ahorrantes y no incluyó el pago de deudas de los bancos liquidados.
El contralor Lino Hernández, vicepresidente de la Contraloría, recordó que la naturaleza de los certificados era para proteger los depósitos.
Este dato contrasta con uno de los hallazgos del economista Néstor Avendaño, quien en un estudio presentado en febrero pasado a la CGR, señala que las juntas liquidadoras cancelaron indebidamente deudas que los bancos liquidados tenían con bancos e instituciones financieras nacionales y extranjeras, entre las que también figuran el BCIE, el Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI) así como el Instituto de Desarrollo Rural (IDR).
En las investigaciones propias de la Contraloría se comprobó que estas deudas están incluidas en el “bolsón” de todos los Ceni, una decisión que fue autorizada, en conjunto por las juntas liquidadoras y la administración del BCN en el 2002.
El informe puntualiza además que el valor total pagado a los bancos adquirentes (Banpro, BDF y Bancentro), por efecto de las quiebras bancarias, hasta el 31 de diciembre del 2006 es de 269.3 millones de dólares, quedando un saldo principal pendiente de pago de 213.4 millones de dólares y de intereses de 68.7 millones de dólares.
LOS BANQUEROS
La cartera del Interbank y del Banic fue asumida por el Banco de la Producción (Banpro). En tanto el Banco de Finanzas (BDF) asumió la de Bancafé.
LA PRENSA intentó conocer la posición de estas dos entidades, pero los gerentes no respondieron las llamadas.
Carlos Briceño, gerente general de Bancentro, pidió le volviéramos a llamar a su teléfono en media hora, pero posteriormente no fue posible localizarlo.
En reiteradas ocasiones los banqueros han defendido la transacción de los Ceni, asegurando que todo se hizo apegado a la ley e incluso consideran que dejar de honrar el pago de estos certificados sería un error.
Pero también han mantenido silencio alrededor de este tema y sus comentarios se han limitado a la legalidad de la operación.
Briceño manifestó hace algunos meses que sería un gran error dejar de pagar la deuda de los Ceni, aunque respalda los esfuerzos que se están haciendo por aclarar todo el proceso.
“Ahora más que todo es aclarar el proceso cómo fue y el papel de las juntas liquidadoras”, recomendó en ese momento.
La Contraloría está por concluir una auditoría, en la cual determinará las responsabilidades de los distintos ex funcionarios, que se vieron involucrados en el proceso derivado de la liquidación forzosa de cuatro bancos.
